Desde París

Los sindicatos franceses plantaron ante la reforma del sistema de jubilaciones que empezó a debatirse ayer en la Asamblea Nacional una marea de manifestantes al tiempo que paralizaron buena parte del país con las huelgas en los servicios públicos. Entre un millón cien mil personas y dos millones ochocientas mil salieron a las calles del país para manifestar contra el proyecto gubernamental que apunta, en un primer momento, a aumentar las cotizaciones necesaria para jubilarse de los 60 a los 62 años. Las cifras, como siempre, difieren entre sindicatos y policía pero es inobjetable que las centrales sindicales del país cumplieron con la apuesta: movilizar más gente que en la última manifestación, organizada el pasado 24 de junio.

Tanto las cifras oficiales como las de los sindicatos son muy superiores a las de junio. Cerca de 230 ciudades de Francia vieron desfilar ayer a nutridos cortejos de manifestantes cuyas pancartas representaban por escrito lo que el habla popular expresa en la calle y los bares. “Imbéciles, xenófobos, arrogantes, deshonestos, atacan a los más débiles para juntarse con los más ricos. Expulsémoslos”, decía un cartel visto en la manifestación de París, de la que, según los sindicatos, participaron 270 mil personas (80 mil según la policía). Otro cartel rezaba “Escudo fiscal para los ricos, palazo social para los pobres”. Nicolas Sarkozy y su ministro de Trabajo, Eric Woerth, acapararon todos los espacios de la burla, la caricatura y hasta el insulto en los incontables carteles, pegatinas y pintadas que la gente llevaba por las calles de París.

Las marchas se llevaron a cabo el mismo día en que la Asamblea Nacional iniciaba las discusiones en vistas a aprobar en octubre la reforma del sistema de jubilaciones. Comparado con el clima festivo de las manifestaciones, la discusión en la Asamblea fue una batalla campal. Los socialistas se esfumaron en un papel discreto, pero los comunistas desencadenaron una batahola que condujo a la suspensión momentánea del debate. Los diputados del Partido Comunista francés se abalanzaron sobre el banco del primer ministro para “entregarle” –volaron muchos papeles– las cien mil firmas del petitorio contra la reforma. No fue la única incoherencia del día. El hombre que está hasta el tuétano en el escándalo L’Oréal, el ministro de Trabajo Eric Woerth, fue quien pronunció el discurso de apertura. A pesar de la afluencia masiva en las calles, Woerth y Nicolas Sarkozy recalcaron que se mantendrá el núcleo clave de la reforma, ya que ésta es “inevitable” si se consideran los parámetros demográficos.

El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, consideró que se había alcanzado el objetivo y que “el gobierno no podrá hacer como si hoy nada hubiese ocurrido”. Metro, buses, trenes de corta y larga distancia, correo, educación nacional y transporte aéreo fueron los sectores más afectados por los paros. Según datos del mismo gobierno francés, la huelga tuvo más impacto que en junio pasado. Casi una cuarta parte de los trabajadores de la función pública estuvo en huelga. Después de esta rotunda demostración de fuerza social, los sindicatos prometieron nuevas huelgas y movilizaciones hacia finales de septiembre, mientras que el Ejecutivo aclaró que no tocaría el corazón de la reforma, es decir, el paso de los 60 a los 62 años.

El jefe del Ejecutivo, François Fillon, dijo en la Asamblea que cuando el gobierno propuso 62 años para la jubilación “se hizo una elección razonable y al mismo tiempo insoslayable para garantizar la financiación de la jubilación de los franceses”. Cálculos oficiales estiman que si de aquí a 2020 no se toman medidas, el déficit de las cajas de jubilaciones ascenderá a 50 mil millones de euros. “Las manifestaciones no cambian las leyes de la demografía”, había dicho en junio pasado Fillon. Pero la extraordinaria respuesta a la convocatoria de ayer puede cambiar la relación de fuerzas entre los actores sociales y el Ejecutivo. Los ocho sindicatos (CGT, CFDT, FO, CFTC, Cfecgc, Unsa, Solidaires y FSU) restauraron en la calle su unidad perdida y casi igualaron el record de 2003, cuando tres millones de personas salieron a manifestar. La querella técnica –que es política– sobre el número real de manifestantes no resta validez a lo que ya se perfila como el renacimiento de la combatitividad social francesa.

Fiel a su estilo, el entorno presidencial minimizó la importancia de las manifestaciones. Las expresiones de repudio que Página/12 constató ayer en las calles de París excedían en mucho el marco de la reforma. Los sondeos señalan que existe una suerte de mayoría doble: una que comprende la necesidad de cambiar las reglas del juego (53 por ciento), otra que respalda las huelgas y las manifestaciones (70 por ciento). En el medio se deslizó el escándalo L’Oréal, los lazos entre el ministro de Trabajo, Eric Woerth, y Liliane Bettencourt –la heredera de L’Oréal– y con el gestor de su fortuna, Patrice de Maistre. El mantenimiento de Woerth al frente de la cartera de Trabajo reforzó la sensación de que Sarkozy es el presidente de los ricos. Ayer eran incontables las pancartas y carteles que aludían a Bettencourt, a los “ricos privilegiados”, a Eric Woerth y a Nicolas Sarkozy como protectores de la clase alta y sepultureros de los beneficios del pueblo.