Desde Madrid

Apenas unos días después de que la Justicia argentina reabriera la causa contra la dictadura franquista, el Tribunal Supremo español ratificó la instrucción contra el juez Baltasar Garzón que había elaborado el magistrado Luciano Varela, por supuesta prevaricación, al haber iniciado un proceso contra el régimen fascista que gobernó España desde 1939 hasta 1975. Con la medida adoptada ayer, el Supremo pone a Garzón un paso más cerca del banquillo de los acusados.

La Sala de lo Penal del Supremo avaló por unanimidad el auto que Luciano Varela había dictado en abril contra Baltasar Garzón por considerar que había prevaricado al abrir una causa con el objeto de investigar las desapariciones de personas ocurridas durante la dictadura del general Francisco Franco, cuando según la legislación española no tenía competencias para hacerlo. Garzón había justificado su acción en los acuerdos que España tiene firmados a nivel internacional, en los que se especifica que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera como válida la Ley de Amnistía dictada en 1977 y desconoce con esta medida los tratados refrendados por el país.

La decisión del Supremo, tomada el 26 de julio pasado pero hecha pública ayer, es una respuesta a la impugnación que Garzón había hecho de la instrucción de Varela por considerar que estaba actuando como juez y parte, ya que en su auto dejaba entrever la culpabilidad del acusado antes de haber procedido a juzgarlo. Varela además rechazaba en su auto la comparecencia como testigos en la causa de magistrados de renombre internacional que han participado en juicios similares y de los jueces de la Audiencia Nacional que en su momento justificaron con su voto la decisión de Garzón de abrir proceso contra el franquismo. Ayer el Supremo convalidó esta decisión de Varela explicando que “no aprecia ni infracción legal por vulneración de precepto ni arbitrariedad en su aplicación ni irracionabilidad en su razonamiento”.

Con esta decisión, el Supremo abre la puerta a que se desarrolle el juicio contra Baltasar Garzón que tendrá lugar, según fuentes judiciales, probablemente durante los meses de noviembre y diciembre. Garzón se encuentra en estos momentos cumpliendo una misión de asesoramiento del Tribunal Penal Internacional, después de que se lo solicitara el fiscal del TPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. Esta salida de Garzón de España fue apoyada por el gobierno socialista y se interpretó en su momento como un movimiento para evitar que el juez fuera despojado de sus funciones en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el mismo desde el que emprendió sus internacionalmente conocidas acciones judiciales contra dictadores como Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, entre otros.

La querella contra Garzón fue admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, luego de que la presentara el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y la Falange Española, organización heredera del franquismo. Para salvar la cara, en su momento Varela expulsó a Falange del proceso, pero se permitió enviarle a Manos Limpias un borrador corrigiendo los defectos de la presentación, algo insólito en el proceder de cualquier juez instructor. De esta manera, Luciano Varela evitó que la causa se cayera, ya que la Fiscalía del Estado se había retirado, considerando que no se había cometido delito alguno.

La causa contra el magistrado movilizó a la sociedad española y se llegaron a realizar multitudinarias marchas en varias ciudades antes del comienzo del verano. El escándalo trascendió rápidamente las fronteras y fue motivo de editoriales críticos en gran parte de los matutinos más prestigiosos del mundo. Con este paso dado ayer, el Supremo da un indicio claro de cuál puede llegar a ser su veredicto en el juicio contra el juez icono de la defensa de los derechos humanos a nivel global. De considerar culpable a Garzón por haber intentado juzgar al franquismo, la Justicia española perderá credibilidad a nivel internacional, ya que el mensaje será que a sus magistrados les está permitido juzgar genocidios ocurridos en otros países, pero no el sucedido en su propio territorio, que se saldó con más de cien mil desaparecidos y dejó un reguero de miles de fusilados, presos políticos y exiliados.