El dictador Jorge Rafael Videla se definió ayer como un “preso político”, denunció que se siente “intimidado”, que teme por su seguridad y la de su familia y consideró que afirmaciones de ex miembros de la organización Montoneros durante un acto en el que evocaron sus tiempos de militancia constituyen “una amenaza a la sociedad de reinstaurar la violencia para lograr fines políticos”. Las declaraciones del ex militar condenado a reclusión perpetua como mayor responsable del genocidio argentino se produjeron durante una audiencia del juicio por torturas y ejecuciones de presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1, luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba confirmara como integrante al vocal José María Pérez Villalobo, cuya imparcialidad había cuestionado el ex mayor Gustavo Adolfo Alsina, sindicado por varios sobrevivientes como uno de los más crueles torturadores del Tercer Cuerpo de Ejército.

El viernes pasado, según informó el diario La Voz del Interior, un centenar de viejos militantes, incluido el ex jefe montonero Roberto Perdía, se reunieron en el local de ATE en Córdoba para evocar su militancia en los ’70. Perdía y Guillermo Martínez Agüero habrían calificado a Mario Firmenich como “una figura respetable”. “No es el momento para las armas, lo cual no quiere decir que las armas no sean un elemento de poder”, dijo Martínez Agüero, cuñado de Firmenich.

Las declaraciones motivaron a Videla para pedir la palabra desde el rol de víctima. “Perdía y dirigentes de la agrupación terrorista Montoneros (realizaron) una amenaza a la sociedad de reinstaurar la violencia como vía para lograr fines políticos. Esto es muy grave”, advirtió, y anticipó que denunciaría a los septuagenarios por el delito de “intimidación pública”. Videla también apuntó la participación en el acto del secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, quien declaró como testigo en el juicio, y confesó que se siente “intimidado por la situación que vivo junto a otros camaradas, de ser presos políticos”. Ajeno al paso del tiempo, el imputado Enrique Mones Ruiz pidió a la fiscalía que identifique “a los que estuvieron en el acto”.

La audiencia comenzó con la lectura de la resolución del tribunal que, por voto mayoritario, confirmó al vocal Pérez Villalobo. El ex mayor Alsina lo había cuestionado en base a un supuesto “homenaje” al ex gobernador Ricardo Obregón Cano y a una foto con su familia en inmediaciones del Archivo de la Memoria provincial el último 24 de marzo. Su defensor agregó que el juez juró en 1996 “por las víctimas de Trelew”, en referencia a los presos políticos fusilados por la Armada en 1972. Ante las posiciones encontradas del presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, y del otro vocal, Carlos Lascano, la Cámara de Casación Penal designó al camarista Abel Sánchez Torres para que desempate la votación, que finalmente favoreció la continuidad de Pérez Villalobo.

Luego comenzó a declarar José César Magrini, ex médico de la UP1 hasta marzo de 1977, quien recordó que “los presos especiales –denominación que recibían los presos políticos– eran sometidos a un régimen muy duro” tras el golpe de 1976. “Nunca presencié los actos durísimos que ocurrían en la cárcel, pero sí me tocó atender las consecuencias psíquicas y físicas de ese régimen”, reveló. Recordó que debió asistir a detenidos con “golpes, contusiones, trastornos respiratorios y a veces otros cuadros graves”. Contó que los presos que salían encapuchados “volvían”, pero que quienes salían sin capucha “no volvían”, y que de diferenciarlos se encargaba el personal militar, no el penitenciario. Pese a las muertes en “intentos de fuga” que publicaba la prensa “sabíamos que no era así y que los habían matado”, dijo. “Todos sabían qué ocurría. Lo sabían en el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, la Iglesia, la sociedad y el periodismo”.