Ante la inminente apertura de su juicio político en el Consejo de la Magistratura, acusado de haber tenido una “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”, el camarista de Mendoza Luis Miret presentó la renuncia. La Comisión de Disciplina y Acusación aprobó la semana pasada, con el apoyo de sus nueve integrantes, un dictamen que promovía su enjuiciamiento por el “papel absolutamente pasivo” que tuvo “frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” antes y durante la última dictadura, cuando era juez de primera instancia. Todavía no se sabe, sin embargo, si se salvará del jury: eso está sujeto a si Cristina Kirchner acepta o no que abandone el cargo. Por lo pronto, el plenario de consejeros podría suspenderlo, igual, en su reunión de mañana. “Baso mi renuncia en la circunstancia de haber cumplido el 12 del corriente mes 72 años de edad y 54 consecutivos en diversos cargos en el Poder Judicial de la Nación y ya deseo hacer efectiva la jubilación, porque a mi edad ya siento que empieza a afectar mi rendimiento en el alto cargo de la magistratura que desempeño”, dice el texto de Miret, al que accedió Página/12, que pide que se acepte su pedido “a la mayor brevedad”. La definición presidencial, dicen en el Consejo, podría demorar unos días.

Por lo pronto, el Consejo de la Magistratura tiene incluida en su agenda de mañana la discusión del dictamen contra Miret que el jueves último apoyaron en comisión, en forma unánime, todos los sectores del organismo. Lo votaron cuatro kirchneristas, un radical, un abogado, dos jueces y el representante académico. Con esos nueve votos bastaría para que el plenario –si hay asistencia perfecta de sus trece miembros– apruebe la suspensión y apertura del juicio político. Está en veremos si se postergará o no la votación. El oficialismo intentará concretarla. Otros consejeros, como los jueces, podrían tratar de diferirla, a la espera de una definición sobre la renuncia. “Si se la aceptan, el resultado coincide con la finalidad el juicio: que deje el cargo”, argumentan.

Héctor Masquelet, representante del Poder Ejecutivo y autor del dictamen acusatorio, había pedido el debate urgente del tema. En parte, porque Miret sigue impartiendo justicia (e interviene en causas por violaciones a los derechos humanos) y no sólo lo investiga el Consejo sino que está imputado y siendo indagado por 31 casos de desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante el terrorismo de Estado, en una causa a cargo del juez Walter Bento y el fiscal Omar Palermo. El viernes último se sumó otra imputación contra el camarista, por haber archivado en 1987 la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

“Me parece bien que Miret se vaya, pero tengo sensaciones encontradas”, le dijo a este diario el abogado Pablo Salinas, querellante, y uno de los denunciantes del juez ante el Consejo junto con organismos de derechos humanos mendocinos. “Quizá preferiría que lo destituyan y no tenga privilegios. Pero a la vez es importante que se vaya de la Justicia y deje de tener fueros para que, si se ordena su detención, algo que es posible, pueda quedar efectivamente preso”, explicó.

“Nosotros preferiríamos que siga el proceso. Renunciar, en este caso, es una conducta elusiva. Miret decía que no tenía problema con que lo investigaran, pero cuando avanza la investigación se corre. Es el verdadero sentido que él tiene de la Justicia: silenciar, perseguir y obstaculizar”, dijo Rubén Cuello, de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica de la Universidad de Cuyo. Este grupo consiguió que el rectorado expulsara a Miret de la Facultad de Derecho, donde enseñaba Etica y Derechos Humanos. El camarista recuperó el puesto con una medida cautelar de un juez ad hoc, pero ya nadie va a sus clases. La semana pasada los jóvenes relataron ante Acusación cómo desarrollaba “justificaciones del golpe y del terrorismo de Estado” ante los alumnos. Mañana irán al plenario y entregarán audios donde se lo escucha, dicen, defender las leyes de punto final y obediencia debida. También asistirán representantes de la FUA y organismos de derechos humanos de Mendoza.

En el historial de renuncias para evitar el jury, el Gobierno aceptó algunas, otras no. Se la admitió, por ejemplo, al ex juez de Casación Alfredo Bisordi. Pero dejó enjuiciar a Juan José Galeano y a Guillermo Tiscornia, entre otros.

Las imputaciones contra Miret que aún podrían tratar los consejeros se basan en casos concretos como el de Hugo Tomini, detenido en 1975, a quien el juez visitó en un calabozo del D2 de Mendoza luego de una sesión de torturas, aunque nada denunció ni investigó. “Hay que aguantar”, le recomendó. Otro es el caso de “la detención indebida de Luz Faingold”, una estudiante menor de edad a la que dejó incomunicada y presa en un centro de detención de adultos. Además, prohibió restituirla a su padres y la mandó a un hogar de niños abandonados cuando su madre pedía por ella ante el propio Miret. Tampoco investigó las denuncias de otros detenidos que decían que la habían violado. Ni las denuncias de torturas, golpizas y disparos recibidos por otros jóvenes presos en el D2. El dictamen señala su falta de “imparcialidad” al no excusarse para juzgar a su amigo el general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza. Y le reprocha el archivo de la causa por la apropiación de Celina Manrique Terrara, quien recuperó su identidad con el impulso de los organismos y la intervención posterior de otros jueces.