El Ministerio de Trabajo le otorgó ayer a la conducción de la Central de Trabajadores Argentinos una prórroga de mandato hasta que concluya el proceso eleccionario. La resolución, explicó la cartera, incluye “tareas meramente administrativas, a fin de evitar el estado de acefalía y la cesación de pagos”. El secretario adjunto y candidato opositor Pablo Micheli denunció que se trata de “una intromisión del Gobierno en la interna de la CTA”. El secretario general Hugo Yasky, que busca la reelección, respondió que “no es una intervención, sino una prórroga administrativa” que incluye “a toda la conducción, incluido Micheli”, y recordó que Trabajo adoptó una decisión similar en 2006 durante la conducción de Víctor De Gennaro. También la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, enfatizó que “de ninguna manera” es una intervención y explicó que “lo decidido ocurre en todos los gremios que quedan acéfalos por un tema electoral”. Yasky aseguró durante una conferencia de prensa que “Micheli no quiere que se vote” y recordó que las elecciones “no se suspendieron porque había viento, sino porque hubo fraude por parte de la Junta Electoral, que responde a Micheli”. “Creo que vamos a un escenario de ruptura”, admitió.

El Tribunal Autónomo de Resolución de Diferendos Electorales, reconocido por las dos listas mayoritarias, resolvió a partir de las impugnaciones que se debe volver a votar en todas las mesas de Misiones, Mendoza y Tucumán, en cincuenta mesas de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y San Juan y en los distritos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza. Yasky calculó que se trata de “unos 200 mil afiliados”, por lo que “el resultado está abierto”. Su lista 10 propuso que la elección complementaria se realice el jueves 2 de diciembre, la lista 1 de Micheli propuso el 24 de noviembre.

“El problema es que el sector de Micheli no quiere que se vote”, afirmó Yasky, y denunció que la Junta Electoral “ejecuta el plan” de la oposición. “Ayer (por el lunes), con cuarenta días de retroactividad, algo insólito, la junta terminó de impugnar votaciones en Morón, Navarro y La Matanza. Eso implica descontar más de cuarenta mil votos a nuestra lista”, ejemplificó. “En otra resolución, que vamos a rechazar mediante carta documento, recortaron el alcance de la votación” con el fin de “reducir el universo de votantes”, dijo. “Bajaron mesas en San Juan, Santiago del Estero y Catamarca para achicar el padrón de los que deben volver a votar”, agregó. En una carta enviada ayer a Rodolfo Córdoba, presidente de la Junta Electoral, Yasky rechazó la resolución “por manifiestamente improcedente”, repudió “su interpretación forzada de los laudos” del tribunal arbitral y lo acusó de intentar reproducir “la ingeniería de fraude y obstaculizacón de la participación de los electores”.

“El problema es que el sector de Micheli no quiere que se vote”, fue a la médula Yasky. “Estamos en una especie de encerrona. La Junta Electoral busca recortar lo decidido por el Tribunal Arbitral”, explicó e imaginó dos escenarios posibles: “Si damos vuelta la elección quedará demostrado que hubo fraude y nunca se sacarían esa mochila de encima. Si perdemos por poco margen también va a quedar claro el fraude. Por eso no quieren que se vote”, insistió. “Nosotros queremos garantías, no queremos dejar a la CTA en este laberinto. Del otro lado buscan la crisis y la acefalía”, denunció. Consideró que “si la elección es limpia le vamos a devolver la transparencia a la CTA”, aunque se mostró pesimista sobre la actuación de la Junta “que, según el Tribunal Arbitral, cometió ‘prácticas típicas del fraude electoral’”.

La decisión de prorrogar el mandato a la conducción de la CTA se la transmitió ayer a Micheli el propio ministro Tomada. El titular de ATE declaró luego que se trataba de “una intromisión del Gobierno”, aseguró que “Yasky nos traicionó nuevamente, porque habíamos acordado no recurrir al Ministerio de Trabajo ni a la Justicia para definir las elecciones”, e insistió en que la CTA “está acéfala”, o en todo caso “yo soy el secretario general electo”.

Yasky aclaró que la prórroga “es un trámite administrativo para seguir cumpliendo obligaciones contractuales, pagar los salarios, firmar cheques y mantener relaciones internacionales”. “Todo lo demás son mentiras a las que ya nos tiene acostumbrado Micheli”, agregó. “Se prorrogó el mandato de toda la comisión directiva, que también integra Micheli, al solo efecto administrativo. Ello implica que la conducción no puede decidir actos de disposición. Se procuró evitar la acefalía”, explicó la viceministra Rial. “A pedido de Yasky optamos por el mal menor. No existe injerencia ni contradicción alguna. La Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales regula la vida de las asociaciones con personería o con simple inscripción gremial –afirmó–. Lo decidido ocurre en todos los gremios que se quedan acéfalos por un tema electoral.”