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El juez Gustavo Pierreti allanó la Secretaría de Comunicación Social de la gestión PRO. La policía secuestró documentos de las oficinas del director de Planeamiento de Medios, Rubén Azcárate, que está acusado de haber otorgado una generosa porción de la pauta oficial a empresas que presuntamente están vinculadas con él y de contratar a miembros de su grupo de rock en el gobierno porteño. La causa la inició la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, quien advirtió a Página/12 que el bloque PRO trabó un pedido de informes y se niega a llevar a los funcionarios involucrados en la denuncia de corrupción. “El PRO les está dando protección política a estos personajes”, cuestionó. “No quieren dar la cara y hay un Ejecutivo que los protege.”

Sánchez Andía denunció a Azcárate junto con el secretario de Comunicación Social, Gregorio Centurión, y la asesora contable Alejandra Suárez por tener “vínculos importantes con empresas que eran contratadas en forma directa”. Solicitó a la Justicia que investigue los delitos de administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según investigó Sánchez Andía, el Boletín Oficial registra a Azcárate como uno de los socios fundadores de MediaStrategy SA, una empresa que fue creada en mayo de 2003 y que no registra cambios en su composición. La compañía recibió 760 mil pesos en órdenes de publicidad en lo que va de 2010. Otras dos empresas, CentralMedia SA y Devicom SA, recibieron montos de pauta superiores al millón de pesos. Las tres empresas comparten como presidente y vicepresidente a Hugo Martino y Gustavo Novillo y las tres tienen el mismo domicilio fiscal: Córdoba 323, piso 3.

Martino y Novillo son, además, los que controlan la radio El Mundo, que habría recibido una tajada jugosa de la pauta de la gestión PRO, muy superior a otras emisoras de su mismo nivel de audiencia. Azcárate, además, toca el bajo eléctrico en una banda de rock llamada Horus sinfónico. El guitarrista Juan Ignacio Caputo recibió de la Secretaría de Comunicación Social más de un cuarto de millón de pesos en los primeros cuatro meses de este año. El manager de la banda, Pablo Vacarezza, tiene un contrato de locación de servicios por seis mil pesos mensuales para coordinar la página web.

Según la denuncia de Sánchez Andía, la firma Bernini Medios SA recibió del gobierno porteño más de seis millones de pesos en publicidad oficial entre abril de 2009 y agosto de 2010. Su presidente, Walter Constanzo, es el marido de Alejandra Suárez, la asesora contable de la Secretaría de Comunicación Social. La legisladora de la CC destacó que todas las contrataciones se hicieron “en forma directa”, sin hacer la correspondiente licitación.

Los policías de la Brigada de Defraudaciones y Estafas se dirigieron a la sede del gobierno porteño para allanar la oficina de Azcárate, con él presente: pidieron información de su computadora, que copiaron en un CD, se llevaron documentos y solicitaron otros, que los macristas deberán entregar en 48 horas. “Va a quedar demostrado que no hubo ilícito”, se confiaban cerca del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que por estos días disfruta de su luna de miel.

“La Justicia está avanzando rápidamente y en forma independiente”, estimó Sánchez Andía. La diputada alertó sobre “los legisladores del PRO de la Comisión de Comunicación, que se negaron a firmar un pedido de informes y se niegan a considerar la interpelación a Azcárate y Centurión. Hay una voluntad de amparar este caso en el silencio, que involucra a los diputados del PRO en la Legislatura”. “Su pedido de informes se puso en tratamiento sin esperar un minuto. Se intentó llegar a un consenso. Y anteayer tuvo el voto de ella y de (Rafael) Gentilli. Dijimos que, por una cuestión política, no lo íbamos a acompañar”, aseguró la macrista Diana Martínez Barrios, que preside la comisión. En tanto, Sánchez Andía indicó: “Hice pedidos de información y la respuesta de Azcárate fue: ‘No puedo contestar porque me autoincrimino’. El pedido no se lo hacemos a la persona, sino al Ejecutivo. Si no puede contestar, no está cumpliendo con su tarea de funcionario”.