El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a pasar diez años en una cárcel común a Omar Alonso y Juan Carlos Herzberg, culpables de la apropiación de una beba nacida en cautiverio durante la dictadura.

El presidente del tribunal que ya juzgó por crímenes de lesa humanidad a Miguel Etchecolatz, Cristian von Wernich y a los penitenciarios de la Unidad 9, Carlos Rozanski, leyó ayer, en menos de seis minutos, la sentencia correspondiente a la apropiación de la hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, ambos víctimas de la última dictadura.

Al igual que en los casos anteriores, sobre el final del veredicto afirmó que “todos estos delitos deben calificarse como crímenes de lesa humanidad, cometidos como parte de un plan sistemático de apropiación de niños y niñas nacidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en Argentina durante la última dictadura cívico-militar”.

Alonso era, en 1977, un comerciante platense y cantante de tangos, casado con una mujer varios años más joven que él, María Luján Di Mattía, con quien no podía tener hijos. Herzberg, que era capitán de navío de infantería de Marina, le entregó, el 8 de agosto de ese año, una beba de no más de cuatro o cinco horas de vida. La madre de la nena era María Elena Isabel Corvalán, una joven que había sido secuestrada y alojada en el centro clandestino de detención La Cacha, donde dio a luz a una nena de tres kilos y medio. Su marido, Mario César Suárez Nelson, había sido asesinado el 10 de junio de ese año por la Armada, cuando fueron a buscarlo a su casa de La Plata. Ambos militaban en Montoneros y creían que su hija se iba a llamar Lucía.

Pero cuando Alonso recibió a la niña, la anotó como hija biológica bajo el nombre de María Natalia, gracias a un certificado de nacimiento falso otorgado por el médico Francisco Antonio Bosia. El mismo nombre figuró en su documento y es el que la niña, devenida en una mujer de treinta y tres años, conserva hasta la fecha.

Cuando Natalia declaró en la primera audiencia del juicio que concluyó ayer dijo: “Estuve dos años creyendo eso. Pero había cosas que no me cerraban. Para un cumpleaños mío mi mamá me dijo que creía que yo era hija de desaparecidos. El terror que vi en sus ojos no lo vi nunca más. Eso para mí fue terrible. No puedo creer que me mintieran así. Me sentí muy mal”.

En 1982 la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a recibir denuncias anónimas que indicaban que Natalia podría ser hija de desaparecidos. La causa comenzó a tramitarse tres años después en un juzgado bonaerense. En 1986 Alonso fue citado a indagatoria y, junto a su familia, se fugó a Paraguay, donde vivió diez años al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1993, Alonso regresó de visita a La Plata y quedó detenido, aunque luego fue sobreseído por “no hallarse probado el cuerpo del delito”. Di Mattía fue extraditada en 1996.

En 2005, Abuelas logró que se reabriera la causa en un juzgado federal y, mediante un estudio del Banco Nacional de Datos Genéticos realizado sobre objetos personales obtenidos en un allanamiento, Natalia supo que era hija de Corvalán y Suárez Nelson. Esa fue la primera vez que se realizó un procedimiento que permitió cotejar datos genéticos sin hacer una extracción de sangre. Al mismo tiempo, puso fin a una serie de fábulas pergeñadas por Alonso acerca de su verdadera identidad, que iban desde que era hija de un superior de Herzbeg que no quería tenerla hasta que era el fruto de una relación que Alonso había mantenido con una amante que había muerto de cáncer.

El fiscal Hernán Schapiro había solicitado una pena de veinte años para ambos imputados, mientras que los abogados que representan a Abuelas, Coleen Torre, Germán Kexel y Emanuel Lovelli, habían reclamado diecinueve años de prisión para el marino y veinticinco para el tanguero. Cuando Rozansky terminó de leer el veredicto, el público se mostró disconforme con la pena otorgada a los apropiadores.

Lovelli se mostró molesto con el fallo y dijo estar “sorprendido” por la decisión del tribunal. Sin embargo, destacó que “fueron veinticinco años de lucha de Abuelas y de los organismos sociales y cualquier condena, en este marco de impunidad, es positiva. Pero no queremos que la sociedad crea que cualquiera se puede llevar un chico y con diez años lo va a purgar”.