El anuncio de otorgamientos de créditos blandos y el financiamiento del gobierno nacional en materia de vivienda anunciado por los jefes de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y nacional, Aníbal Fernández, no es algo nuevo para los porteños. La ley 341 tiene diez años de vigencia en la Ciudad y otorga créditos a largo plazo a cooperativas, además de contar con financiamiento del Plan Federal. Pero en una década sólo se finalizaron once obras y las 400 cooperativas de vivienda inscriptas en el programa de la ley, que funciona dentro del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), denuncian que durante el gobierno de Mauricio Macri el presupuesto se subejecutó –sólo se gastó un 27 por ciento de lo previsto para 2010– y se interrumpieron los pagos para más de 40 obras en construcción. Por eso, varios de esos colectivos enfrentaron intimaciones judiciales de las empresas contratadas y los trabajos quedaron paralizados. Mientras, otro medio centenar espera el inicio de obra y 300 aguardan con las manos vacías.

“El Gobierno de la Ciudad tiene en las cooperativas de la ley 341 una herramienta para atacar el déficit habitacional, pero toma la decisión política de no usarla”, lamentó la presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, Rocío Sánchez Andía. Durante las reuniones de debate del presupuesto 2011, el titular del IVC, Omar Abboud, advirtió que, a pesar del aumento presupuestario, esos fondos servirán para terminar sólo obras de diez cooperativas y comenzar otras diez.

Según denuncian los cooperativistas, durante la gestión PRO no se compraron terrenos, se cerró el ingreso de proyectos de obra para 300 cooperativas y no hay información sobre la situación del Banco de Tierras e Inmuebles del IVC, que mantuvo una política de cesión y venta de terrenos, que cuenta con un intento de vender terrenos del IVC en Villa Soldati. “Dentro de la perversión de la política de Macri en el manejo con las cooperativas está la falta de información”, advirtió Sánchez Andía.

Página/12 se encontró en la calle con los que no tienen un terreno y recorrió las obras paralizadas para conocer las historias que muestran que de la ley al hecho hay un largo trecho.

“Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad los inmuebles sitos en las calles Pringles 340, Pringles 342 y las avenidas Rivadavia 1545 y Córdoba 1556.”

“Innecesarios”, repitió César Maidana, referente de la Cooperativa de Vivienda Congreso, al recordar la ley 3397, sancionada en 2009, y promulgada por Macri. “Estamos esperando un terreno para construir nuestra vivienda con el crédito que ofrece la ley 341. Pero desde 2007, el IVC mantiene cerrada la entrada de nuevos proyectos de vivienda. El terreno en Rivadavia fue el último que presentamos. Nunca tuvimos respuesta”, explicó Maidana.

El y las 25 familias que forman la cooperativa inscripta en el IVC desde 2003 presentaron cuatro propuestas al instituto hasta 2007. Todas fueron rechazadas, después de un largo proceso burocrático. Dos informes, uno de la Auditoría y otro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad citados en el informe Buenos Aires sin techo, del período 2009-2010 de la Comisión de Vivienda, resaltan la falta de participación del IVC en la búsqueda de terrenos y los excesivos tiempos de tramitación, por lo que un 33 por ciento de las cooperativas perdieron las señas de los terrenos.

En agosto, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y el Movimiento de Vivienda y Trabajo (MVT) presentaron un documento al gobierno porteño en el que denunciaban “el no acceso a terrenos por parte de familias que, hace años, intentan construir cooperativamente sus viviendas” y la falta de operatividad del Banco de Inmuebles, cuya creación consta en la ley madre del IVC, sancionada en 2003.

“Durante el gobierno de Macri no se compró suelo, se cerró la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CCESS, conformada por las cooperativas) y el IVC presenta como Banco de Inmuebles los cien terrenos adquiridos durante la gestión de Ibarra, que ya están asignados a cooperativas”, sentenció Maidana.

No hay política de hábitat sin un banco de tierras, es la consigna de las cooperativas. Sin embargo, el IVC, en los tres años de gestión macrista, en lugar de adquirir suelo mantuvo una política de cesión a otros ministerios, como el decreto 723/2010, por el cual un terreno del instituto pasó a manos del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dentro de esa cartera funciona la Corporación Buenos Aires Sur, de la que Abboud fue director antes de ingresar al IVC, y a la que se le transfirieron cantidad de terrenos, como el Parque Indoamericano. En agosto, la legisladora Laura García Tuñón solicitó un informe de los terrenos transferidos pero no obtuvo respuesta: “Ni siquiera contestaron que estaban estudiándolo”, apuntó Tuñón, integrante de la Comisión de Vivienda.

“No existen datos sobre el banco de tierras e inmuebles. Pensar una política de vivienda en la que el Estado cede tierras sin poder concretar una política pública que resuelva el déficit habitacional es hablar de un Estado negador”, sentenció Andía.

Además, según indica un informe de la Comisión de Vivienda, se mantuvo una política de financiamiento del IVC a través de la venta de tierras destinadas a construcción de vivienda social. El intento más resonante fue el de la venta de 36 terrenos del banco de tierras del IVC, ubicados en Villa Soldati, donde por estos días miles de familias reclaman un terreno, y en Casa Amarilla, en la Boca, preadjudicados a cuatro mil familias que esperaban conseguir un techo digno.

En El Molino los cooperativistas van de un lado a otro, no parecen estar preocupados, aunque hace seis meses el IVC incumple con los pagos para la finalización de la primera etapa del proyecto, que busca transformar una antigua fábrica de harina en más de cien viviendas, jardín de infantes y una escuela.

El Molino es una de las cooperativas del MOI que, una semana antes de que las tomas del Parque Indoamericano pusieran en evidencia la insuficiente política habitacional, acamparon en el IVC para denunciar: ¿dónde está la plata?

Graciela Cuello es una de las fundadoras de la cooperativa, fue desalojada de su departamento en 2001 por no poder mantener el alquiler y hasta 2007 vivió con subsidio en un hotel de Parque Patricios. Mientras terminan de construir su casa, trabaja, lleva a su hija a la escuela y cumple sus 18 horas semana de ayuda mutua, que suma fuerzas a los cooperativistas capacitados para trabajar en construcción.

Ella corre con una ventaja fundamental producto de la lucha del MOI. En 2006, consiguieron que la Procuración General de la ciudad ordenara al IVC entregar a 28 familias del movimiento un edificio como vivienda transitoria, un lujo conseguido a fuerza de lucha, pero que debería ser política de gobierno.

“Para las familias pobres es difícil llevar adelante el proceso cooperativo sin vivienda transitoria. Los pasos burocráticos, las reuniones, no son compatibles con el trabajo. Cuando no están preocupados por ser desalojadas y quedar en la calle”, resaltó Jorge Leyendo, integrante de la cooperativa 10 de Noviembre, que espera que el IVC cumpla con un recurso de amparo para que las 40 familias cooperativistas, desalojadas de un edificio en 2009, tengan una solución definitiva.

A pesar de la existencia de una Ley de Emergencia Habitacional, que los gobiernos de Ibarra, Telerman y Macri vetaron parcialmente, los desalojos en la ciudad fueron en aumento. Por eso, la legisladora Tuñón presentó un proyecto de ley para la creación del Programa de Vivienda Transitoria en el que indicaba que la Dirección General de Administración de Bienes porteña cuenta con 1280 viviendas que no tienen un destino manifiesto. “La emergencia habitacional puede intentar emparcharse con subsidios, pero la solución definitiva es pelear por la solución definitiva. ¿Quién va a suspender los desalojos? Macri, nunca. Que existan recursos para vivienda transitoria es indispensable para el proceso cooperativo. Construir cooperativa es construir una historia nueva”, aseguró Néstor Jeifetz, del MOI.