Fracasó el intento de lograr, para la toma de un predio del Estado nacional –administrado por el club Albariño, en Villa Lugano–, una solución similar a la que permitió desalojar el Parque Indoamericano. Ayer, un operativo policial destinado a establecer un cordón de seguridad alrededor de los ocupantes no se concretó cuando éstos hicieron un vallado humano: esto “hubiera obligado a la policía a usar la violencia, lo cual no le había sido autorizado”, explicó una fuente judicial. Los ocupantes se negaron a retirarse y a ser censados, porque “ya tuvimos muchas promesas. Sólo queremos un pedazo de tierra”. Como en otras recientes ocupaciones, en su mayoría viven en villas, en piezas insalubres que les son ilegalmente alquiladas a precios elevados. Parte de los vecinos del barrio rechazan la toma porque “no podemos salir a la calle y no podemos irnos. ¿Quién nos compraría una casa frente a la villa?”. Anoche protestaban con cortes de calle y fogatas.

“Un club para todos. Asóciese”, dice el cartel del denominado Complejo Deportivo S.D. Albariño, “fundado el 1º de junio de 1941”, en Santander y Rucci, Villa Lugano. En la entrada, por Crisóstomo Alvarez, Página/12 es recibido por un grupo de jóvenes enmascarados: “Es porque después la policía nos detiene por cualquier cosa, ‘sos un negro, estuviste haciendo quilombo’”, explican. El lugar no es mucho más que una canchita de fútbol rodeada por pastizales, que en la tarde de ayer quemaban para espantar las ratas. Los ocupantes –“Somos de la Oculta de Mataderos”– habían dividido el terreno con cuerditas y armaron unas carpas de mentira, con palos y trapos; pusieron unas banderas argentinas. Ayer se guarecían del sol a la sombra de unas casillas que dan directamente al predio, fruto de una ocupación parcial hace unos años. “Somos 120 familias”, decían.

Habían llegado el domingo a la noche: “Supimos que en Soldati tomaban terrenos, pero allí no encontramos lugar. Entonces vinimos acá. Siempre jugábamos a la pelota acá, pero el casero nos cobraba 80 pesos la hora por esta canchita”, cuenta uno de ellos, el que viste camiseta de River: “Laburo en una fábrica; por 12 horas diarias me pagan 1500 pesos por mes. Ahora no sé si me echarán porque estos días no fui a trabajar. Tengo dos nenas. El alquiler me sale 650 pesos por mes, dos piezas con baño compartido”.

Pero el locador no es propietario legal: ¿qué pasaría si el inquilino se negara a seguir pagando y se quedara? “Te tiran todas tus cosas. O te roban cuando te vas a laburar. Acá es jodido. Es la villa. La ley del más fuerte”, contestan.

Ahora, “queremos construir nuestras casas acá. Pagar impuestos como todo el mundo”, dice el de la camiseta de Puma. Son todos muy jóvenes, 27 años tiene Puma, sólo 23 River, con sus dos hijas y sus 1500 pesos de sueldo. “Acá no hay delegados, ni nada. Somos todos iguales”, dice.

“Vinieron de Desarrollo Social de la Nación –cuentan–: querían censarnos. Dicen que nos vayamos y que nos van a llamar cuando tengan las casas. Dijimos que censo, no. Ya tuvimos muchas promesas. Queremos una solución rápida, inmediata. Vino uno que dijo que era secretario del juez, aunque no mostró ningún carnet. Nos ofrecieron 4 mil pesos, pero no. No necesitamos plata. Queremos un pedazo de tierra para hacer nuestras casas. Si vuelve la policía, va a correr sangre.”

La policía había llegado a la mañana. Doscientos hombres de la Dirección General de Orden Urbano y Federal montaron un vasto operativo para ingresar al predio y rodear a sus ocupantes, como se había hecho en el Parque Indoamericano. Pero al mediodía, cuando los policías intentaron entrar, los ocupantes formaron una especie de vallado humano, lo cual hubiera obligado a utilizar la fuerza. Entonces, los policías se replegaron y poco después se retiraron, dejando unos veinte hombres de custodia a 50 metros de la entrada.

“¡Me han sitiado!”, exageraba Miguel, casero en el predio, recluido en su casilla, rodeado por sus perros, flacos como él. Es socio vitalicio del Albariño, que tiene su sede a diez cuadras de allí. “Tardé dos años en construir mi casita”, contó, y recordó que “el Estado cedió este predio hace siete años: era un pozo; trajimos camiones de tierra para rellenarlo. Las rejas las puso un miembro de la comisión directiva que es herrero, lo hizo ad honorem. Yo me crié en el barrio y en el club. Papá era arquero en 1956, cuando ganamos un campeonato, tengo la plaqueta recordatoria.”

Los vecinos se dividen en dos. Por una parte, los que, sobre la calle Crisóstomo Alvarez, viven a su vez en un barrio de casillas. Ellos aprueban la toma: “El lugar estaba vacío. No le daban uso para nada”, dice uno, el de la remera verde. “Que le dejen ese terreno a la gente que necesita –dice otro, medio cuerpo afuera de la ventana de su pieza en el primer piso–; era un lugar que no tenía que ser para lucro y lucraban, cobraban 80 pesos por jugar”.

Y están los otros vecinos que viven no en casillas sino en casas, sencillas, de clase media. “Hace 30 años que vivo acá. Tengo 70 años y estoy buscando otro lugar pero, ¿a dónde voy a ir a vivir? Mi casita valía 90 mil y ahora vale 35 mil, y nadie me la quiere comprar. Esto era un vergel y, desde hace diez años, se metió la villa. Los tengo pegados a casa, les pido: ‘¿Podés bajar la música?’. Pero siguen, tum, tum, tum...”

“Los vecinos no nos vamos a quedar tranquilos –dice Andrea, la única en el barrio que da al menos su nombre de pila–. Vamos a movilizarnos, a protestar. Ya antes de esto no podíamos salir a la calle porque nos robaban. Tampoco podemos irnos: si usted tiene que comprar una casa, ¿me la compraría teniendo la villa ahí?”

Anoche, un grupo de estos vecinos se movilizó con un cacerolazo y quemó neumáticos. “¡Que se vayan, que se vayan...!”, gritaban.