La jueza Wilma López apartó y denunció penalmente al perito puesto por uno de los acusados del crimen de Mariano Ferreyra por alterar la principal evidencia de la causa: la bala que mató al militante del Partido Obrero. Se trata de Roberto Jorge Locles, un capitán retirado conocido por otras controvertidas actuaciones judiciales, quien contaba en este caso con el respaldo de la mayoría de las defensas de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que están detenidos por el homicidio. Lo más impresionante es que Locles dañó el proyectil en medio de una junta en la que participaban los peritos oficiales y de una de las querellas: lo golpeó sobre una mesa, a la vista de todos los presentes, que intentaron frenarlo. Lo ocurrido fue tenido en cuenta entre los fundamentos del juzgado y de la fiscalía de Fernando Fiszer al momento de negarles la excarcelación al líder del sindical José Pedraza, su segundo Juan Carlos “Gallego” Fernández y al delegado Claudio Alcorcel, por considerarlo una demostración de que desde el gremio ya venían intentando embarrar el expediente.

El encuentro había sido convocado por la magistrada para intentar limar diferencias entre los resultados de las pericias balísticas realizadas en el expediente. Las discrepancias se refieren a la trayectoria del proyectil. Los peritos de la Gendarmería sostienen que impactó en el cuerpo de Mariano después de rebotar en el suelo. Los especialistas de la Policía Federal dicen que fue un disparo directo. Lo que originó los criterios encontrados es que la bala exhibía una abolladura apenas fue extraída, un indicador de que habría chocado con algo, ya sea una superficie dura o los huesos del joven. Locles, como perito de uno de los ferroviarios detenido –el picaboletos Guillermo Uño– se aferraba a la teoría de la Gendarmería. Es la interpretación que pretenden aprovechar todos los imputados para argumentar que no tuvieron intención de matar, ya que si hubo disparos fueron indirectos.

La idea de la jueza, al parecer, es propiciar que todos los peritos consensúen un informe. Cuando parecían más cerca de lograrlo, se produjo el episodio de Locles, el mismo día que fueron detenidos Pedraza, Fernández y Alcorcel. En un momento de la reunión, en tribunales, el perito abrió su maletín, desplegó sus elementos de trabajo, tomó la bala y la golpeó contra la mesa haciendo una supuesta demostración, ante la mirada desconcertada de sus colegas que –desesperados– intentaron frenarlo. Había dos peritos de la querella, dos de Gendarmería y tres de la Policía Federal.

Enseguida se labró un acta, a la que accedió Página/12, que dice: “Se hace constar que durante el manipuleo del proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva, más específicamente donde se hallan las deformaciones lineales y paralelas...”. El informe adjunta fotos de la bala, antes y después del magullón. Habría quedado alterada aunque no estaría inutilizada, según allegados a la causa. De todos modos, Locles fue apartado del caso y denunciado por López. Se le abrió una causa penal en el juzgado de Alberto Baños que quedó caratulada como “sustracción de medios de prueba”.

La bala, que salió de un arma calibre 38 y que produjo la muerte de Mariano al impactar en el abdomen y llegar al corazón, es la única prueba material del homicidio. Durante la investigación, de todos modos, quedó complementada por otras evidencias igualmente importantes, como los relatos coincidentes de numerosos testigos que vieron a los tiradores que formaban parte de la patota de la UF que atacó a los trabajadores tercerizados y las organizaciones sociales que los acompañaban en su protesta por puestos de planta. En el ataque, además, fueron heridos con disparos de armas tres personas más: Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

“Es escandaloso que un perito de una de las partes haya dañado el material de esta manera aparentemente intencional, y esperamos que se investigue su actuación. La maniobra va más allá de la discusión sobre el dolo de quien disparó contra Mariano. Los peritos por suerte ya habían analizado la bala y estarían encaminados a sacar conclusiones”, sostuvo Diego Morales, abogado de la familia del militante asesinado. La abogada María del Carmen Verdú, de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), quien representa a la querella de Aguirre, uno de los heridos, evaluó que “más allá del proyectil tenemos un montón de imágenes que permiten reconstruir lo ocurrido y pericias complementarias que ya están hechas. Objetivamente, esto no debería tener consecuencias en la investigación”. En lo inmediato, la alteración de la bala no parece amenazar el rumbo de la causa. En tribunales hay quienes abren un signo de pregunta sobre las implicancias que podría tener en la etapa de juicio oral.

La jueza López y el fiscal Fiszer incluyeron la escena protagonizada por Locles entre los argumentos para denegarles la excarcelación a Pedraza, Fernández y el delegado ferroviario Alcorcel, detenidos esta semana como posibles instigadores del homicidio de Mariano y la tentativa de asesinato de otras personas al haber organizado a la patota. Entendieron que fue una demostración de que desde la UF ya venían intentando entorpecer la investigación, y en el mismo sentido citaron el intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal –en el que dijeron que incluso no se descarta la participación del propio Pedraza– para que liberara a los detenidos por el crimen. En ese intento de coima (que luego quedó caratulada como tráfico de influencias) también quedaron implicados una especie de intermediario, Juan José Riquelme, y el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que era el defensor del ferroviario Uño, el mismo que introdujo a Locles en la causa.