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Roberto Jorge Locles, el perito denunciado por la jueza del caso Ferreyra, es un capitán retirado, experto en análisis balísticos, conocido por haber ayudado con sus servicios a evitar condenas a gran cantidad de policías de la provincia de Buenos Aires acusados de crímenes y casos de gatillo fácil. Aunque también, cuentan quienes lo han visto en acción, ha frecuentado el otro lado del mostrador, al asistir, por ejemplo, a familiares de víctimas de crímenes policiales, como en la llamada masacre de Wilde.

Uno de los casos que le dio fama a Locles a través de los medios fue su intervención en la causa de la muerte de Carlos Menem Junior, donde fue contratado por Zulema Yoma y postuló la teoría de que fue un homicidio y no un accidente. En diciembre de 1997, unos días después de que ella lo presentara en una conferencia de prensa, la Cámara en lo Criminal y Correccional lo inhabilitó por carecer de título profesional.

Locles fue cuestionado también, por ejemplo, por el juzgado que investigaba el asesinato del sargento de la bonaerense Roque Andrade, por la supuesta falta de fundamento científico de sus pericias. Su comportamiento en las pericias del asesinato de Luciano Barrau, ocurrido en Palermo cuando circulaba en moto, generó problemas con sus colegas. Locles defendía al policía acusado. Entre todos los peritos habían consensuado un criterio, del que él se habría apartado sorpresivamente. El agente fue condenado, pero luego lo salvó la Cámara de Casación.

En 2009, en medio de la incertidumbre por la desaparición de la familia Pomar, cuando no se sabía que habían muerto, Locles salió a alertar que debían encontrarse en peligro, que debían haber estado amenazados de muerte y habrían escapado, según consignaron los medios. En alguna presentación judicial, al incluir la lista de casos en los que intervino, citó la investigación contra Diego Maradona por atacar a varios periodistas y la del asesinato de José Luis Cabezas.