La jueza Wilma López ordenó realizar un análisis de los llamados telefónicos, de radio y mensajes de texto realizados por los cinco policías federales que fueron imputados por el fiscal Fernando Fiszer como sospechosos de haber permitido que una patota de la Unión Ferroviaria asesinara a Mariano Ferreyra el día que acompañaba la protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca y de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad de los hechos”. Antes de decidir si llama a indagatoria a los uniformados, la jueza quiere analizar también con quiénes se comunicaron en los días previos, durante y después del crimen, según informaron allegados a la causa a este diario. La intención es determinar si tuvieron contacto con personas vinculadas al gremio, a la propia patota o a otros ámbitos que pudieran tener relación con lo sucedido, como la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe). El fiscal Fiszer ya pidió indagar a los dos policías que estuvieron a cargo del operativo: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca; el principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; el subcomisario Rolando César Garay, de la seccional 30ª, y el agente David Ismael Villalba, de la División Exteriores de Video de la Federal. Se los acusa de haber facilitado el ataque del grupo de choque a los manifestantes y de permitir que los agresores huyeran y ocultaran las armas, omitir notificar a la Justicia, no preservar las pruebas, utilizar teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones e interrumpir su propia filmación de los sucesos en el momento de mayor violencia.