Mientras trataba de esquivar los coletazos del desalojo del Parque Indoamericano, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, decía, categórico, que era imposible que la Policía Metropolitana hubiera disparado balas de plomo y que sólo utiliza postas de goma. “No hay ninguna compra de balas de guerra”, afirmó. Sin embargo, el resultado de una inspección realizada por la fiscalía de Sandro Abraldes con apoyo de Gendarmería lo desmiente y complica la situación de la fuerza porteña en el expediente en el que se investigan los tres asesinatos durante y después del operativo que se realizó para expulsar a los ocupantes del predio, a comienzos de diciembre, en el que también participó la Policía Federal. En la dependencia de la Metropolitana que se ocupa de las armas y municiones, en Chacarita, los investigadores hallaron ayer 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.

En la investigación judicial existen numerosos indicios que comprometen tanto a la Metropolitana como a la Federal en la represión y en los homicidios. Por lo pronto, hay imágenes de la televisión que muestran a efectivos de ambas fuerzas apuntando sus armas largas, por ejemplo, desde arriba del puente de la avenida Escalada. Justo desde allí le habrían disparado al paraguayo Bernardo Salgueiro, que murió, y también a su cuñado Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa. A Rosemary Chura Puña la mataron en el otro extremo del predio, y pese a la distancia se pudo determinar que la bala era casi idéntica a la que se extrajo del cuerpo de Salgueiro: un proyectil calibre 12/70 de munición múltiple capaz de ser disparado tanto por un arma casera como por una escopeta policial. Emiliano Caniviri fue asesinado dos días después, y hubo testigos que vincularon el crimen con barrabravas y con la Metropolitana. En su caso, la bala entró y salió.

Hasta ahora ninguna de las dos policías admitió haber utilizado balas de plomo aunque sí de goma, ante la evidencia de las imágenes que mostraban a los agentes enfervorizados accionando escopetas. Montenegro se refirió públicamente a la cuestión a principios de enero, cuando se supo que entre las modulaciones de la Policía Federal podía oírse a quienes estaban en Soldati advertir que había “gente de la Metropolitana disparando desde el puente”. “Avísenle a Montenegro que se vayan porque están generando otro conflicto”, se escuchó después, y habría sido la voz, según fuentes del expediente, del comisario mayor Hugo Lompizano –que por entonces estaba en la Dirección de Operaciones–, desplazado anteayer por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Fue en el contexto de aquellas revelaciones que el ministro dijo que no había “ninguna posibilidad de que la Policía Metropolitana haya hecho el disparo (en alusión al caso de Salgueiro)”. “No existe la bala de acero en las escopetas de la Policía Metropolitana”, insistió. Luego añadió: “No hay ninguna compra de balas de guerra” para la policía porteña, que “únicamente utiliza balas con posta de goma” y “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas”. Montenegro se presentó después ante la fiscalía con un escrito donde decía algo similar, pero más vago. En forma genérica señalaba que no le dan a su personal municiones de plomo, pero no precisaba si era una disposición general o lo que había ocurrido en el desalojo del Indoamericano.

La fiscalía había podido corroborar hasta el momento que tanto la Metropolitana como la Federal llevaron escopetas (además de armas cortas) al operativo en Soldati. Fueron secuestradas 36 de la primera, y 34 de la segunda, cuyo análisis pericial aún está en curso. Si bien la Justicia cuenta con las balas que causaron la muerte a Salgueiro y Chura Puña, no es tan sencillo el camino para establecer con exactitud qué arma los pudo haber disparado. En las inspecciones de ayer se buscaron pruebas vinculadas a las armas. Hubo tres procedimientos, según pudo constatar Página/12:

- En el predio del Club Deportivo Español, donde funciona el Instituto de Formación de los agentes porteños, se incautaron pistolas nueve milímetros y las municiones correspondientes (que utiliza la Metropolitana oficialmente), cartuchos de escopeta y balas de goma.

- En el llamado Precinto 12, en Saavedra, donde la policía porteña tuvo su primera comisaría, se halló una directiva del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco, que indica que sólo se puede utilizar municiones antitumulto, de goma.

- La gran sorpresa estuvo en la División de Municiones y Armamento, ubicada en los Talleres Guzmán, en Chacarita, donde aparecieron 98 cartuchos de propósito general, de plomo, perfectamente compatibles con las escopetas policiales. También se halló la documentación que de cuenta de que el 14 de octubre la Metropolitana había comprado 300 cartuchos en total de este tipo. La explicación que la agente a cargo le dio al personal de la fiscalía era que los 202 faltantes se habían utilizado para corroborar el funcionamiento de las armas cuando fueron adquiridas y tomar muestras del rastro que dejan en el cartucho. Algo similar le dijo Montenegro a este diario, al sostener que los plomos “se compran para probar que las escopetas funcionan correctamente”, pero no para usar en la calle. Lo mismo –dijo– se hace con las postas de goma.

La Policía Federal tampoco ha tenido una gran performance en su rendición de cuentas ante la Justicia. Hubo inspecciones en cinco dependencias, entre ellas en la Comisaría 52ª, que intervino en el operativo en el Indoamericano. En medio de ese procedimiento, los gendarmes y un testigo advirtieron que el armero guardaba algo en una bolsa de supermercado. Resultaron ser cartuchos de plomo (para escopetas) de distintos colores. Tres armeros de la Federal aseguraron que el día del desalojo nadie retiró postas de plomo, aunque había una disposición interna de abril de 2010 que autorizaba entonces su provisión a puestos policiales cercanos a las villas, por lo que se sospecha que la Guardia de Infantería las tendría en su poder.