El embajador de Suiza, Johannes Matyassy, dijo que “no hubo complot, ni presión, ni nada parecido” en el pedido de información que hizo la Justicia de su país sobre causas en trámite contra el titular de la CGT Hugo Moyano en el contexto de un proceso penal por operaciones sospechosas en una cuenta vinculada a la empresa Covelia. El diplomático sostuvo: “Argentina fue uno de los países que pidió en los foros internacionales que hagamos reglas más estrictas” en materia de lavado de dinero “y las hicimos: la Justicia suiza, los bancos suizos”. En ese contexto de endurecimiento de las normas, añadió, se tomó la medida sobre el líder sindical y su familia. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, respondió: “Es cierto que tenemos derechos y obligaciones y que estamos más expuestos, de eso no podemos escapar, pero deberían venir con cosas fundamentadas”.

“Nosotros pensamos desde la Embajada que podía ser un caso delicado, pero nunca imaginamos que iba a tener una explosión tal”, dijo Matyassy en alusión a la amenaza de paro y las repercusiones que siguieron. “Ni siquiera la Cancillería esperaba esto. Pero la Justicia es independiente y hace su trabajo”, insistió, en declaraciones que publicó el sitio Swissinfo.ch. “El banco (el Standard Chartered) –agregó– vio que hay una cuenta con movimientos dudosos e hizo su anuncio.” Evaluó como algo natural que “la jueza en Suiza buscara información, como cualquiera habría buscado, en Internet, y cuando puso el nombre del dueño de la cuenta salieron varios artículos de distintos medios de prensa aquí. Estamos en el siglo XXI, existe Internet y la jueza estaba haciendo su trabajo, nada más. ¡No hay complot ni nada parecido!”

La cuenta está a nombre de Ricardo Depresbiteris y su esposa Marcela Mete. El es el presidente de la empresa de residuos Covelia, que según publicaciones periodísticas estaría ligada a Hugo Moyano, con quien relaciona su crecimiento económico de los últimos años. Covelia hace la recolección de residuos en doce municipios bonaerenses. Según el diputado de la Coalición Cívica Walter Martello, la empresa le debe esas adjudicaciones a la presión ejercida por Moyano. En la cuenta bancaria suiza fueron bloqueados 1.862.000 dólares y se abrió un proceso penal por posible lavado. El exhorto que pedía colaboración a la Justicia argentina requería datos sobre causas abiertas contra Moyano, su hijo Pablo y el resto del grupo familiar, en un texto escrito en potencial, basado en datos periodísticos y suposiciones.

“El embajador parece que no entendió: nadie está acusando a Suiza, el país está fuera de sospecha. Lo que decimos es que los funcionarios judiciales fueron engañados a través de una maniobra con publicaciones periodísticas que se les hicieron llegar haciéndoles creer que existe una relación entre Covelia y Moyano”, replicó el ex juez Daniel Llermanos, abogado del dirigente sindical, quien presentó el miércoles una denuncia ante el juez Norberto Oyarbide –que tramita el planteo suizo– en la que pide que se investigue si hubo una “estafa procesal”. “Este fue un engaño armado por una combinación de intereses corporativos, mediáticos y políticos”, insistió. La mención del viaje de un intendente bonaerense a Ginebra como supuesto canal de información, dijo Llermanos, no forma parte de su denuncia, sino que es un dato que ignora y le contaron periodistas.

El embajador suizo hizo hincapié en que el requerimiento de información originado en el Ministerio Público helvético se debe a un aumento del rigor investigativo en cuestiones de lavado, del que –resaltó– Argentina fue promotor. “Las reglas cambiaron. No hubo complot, ni presión. Fue un trabajo de cooperación perfecto entre las cancillerías suiza y argentina”, sostuvo. Matyassy dijo que ante el revuelo desatado y el anuncio de paro, que le resultaron inesperados, informó la situación a Suiza. Luego se contactó con la Cancillería y acordaron que cada quien haría un comunicado de prensa para “clarificar la situación”. Los suizos dijeron que no investigaban “directamente a Moyano”, aunque había pedido datos de causas penales; la Cancillería dijo que el embajador le informó que no había investigación alguna contra el sindicalista.

Sbatella, titular de la UIF, consideró que la Argentina comenzó con el actual Gobierno a ponerse al día con los mecanismos para el control del lavado y su aplicación y que, “de la misma manera que nos exigen, nosotros exigimos”. Señaló que la Argentina tiene actualmente un papel activo en el Grupo Egmont, que nuclea a países con unidades de información financiera. Pero esto, señaló, genera “derechos y obligaciones” y pone al país en situación de exposición. “No podemos escapar. Pero deberían venir con cuestiones fundamentadas”, le dijo a Página/12. Por eso, agregó, la UIF le pidió a Suiza todos los datos en torno de la investigación de la cuenta de Depresbiteris y sus vinculaciones, y porque si existen datos serios deberían informarlo a la Justicia, donde colaboran con 70 investigaciones.