El ex prefecto Mario Daniel Arru, actual comandante de vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, se presentó ayer voluntariamente en Comodoro Py para ponerse a disposición de la Justicia en la causa que investiga los vuelos de la muerte en aviones Skyvan de Prefectura durante la dictadura. En el juzgado de Sergio Torres le confirmaron que está imputado formalmente por el fiscal Eduardo Taiano, le explicaron que podía volver a su casa porque recién están comenzando a analizar las pruebas recabadas por el Ministerio Público Fiscal y lo derivaron a la defensoría oficial para que pueda tomar vista del expediente por medio de un abogado.

Tal como informó Página/12 ayer, el fiscal Taiano pidió el lunes la detención e indagatoria de Arru, de Enrique José De Saint Georges y de Alejandro Domingo D’Agostino, pilotos de un extenso vuelo nocturno que el 14 de diciembre de 1977 despegó y aterrizó sin escalas en el Aeroparque Jorge Newbery. Según la acusación, producto de un estudio de 2758 planillas de vuelos de cuatro aviones Skyvan por parte de la unidad fiscal de coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, en ese viaje habrían sido arrojados al mar los miembros del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, que incluía a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y a cinco militantes de Vanguardia Comunista. El grupo estuvo en cautiverio en la ESMA y la última prueba de vida es la foto que les tomaron a las monjas con un cartel de Montoneros como telón de fondo, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. La foto se tomó entre las 19 y las 20, y el vuelo, según los registros, partió a las 21.30.

La megacausa ESMA, que incluye la que investiga específicamente los vuelos, por la cual sólo está procesado con prisión preventiva el capitán Emir Sisul Hess, estará hasta mañana en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga a Torres, de licencia desde hace dos semanas para dictar cátedras en Portugal y Suiza. En base al escrito que aportó Taiano y a su propio conocimiento de la causa ESMA, ya que había trabajado en el caso del piloto Julio Alberto Poch el año pasado, durante otra licencia de Torres, Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba antes de pronunciarse sobre los pedidos de indagatoria.

El magistrado solicitó al Servicio de Hidrografía Naval un estudio técnico sobre las mareas en 1977, para establecer si un cuerpo arrojado al mar en el recorrido que pudo haber hecho el Skyvan en tres horas y diez minutos de vuelo pudo haber aparecido seis días después en las playas de Santa Teresita, tal como ocurrió con Duquet el 20 de diciembre de 1977. Durante los ocho días siguientes aparecieron también los restos de Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (fundadoras de Madres) y Angela Auad, enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle e identificadas 28 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Otras medidas ordenadas por Martínez de Giorgi apuntan a establecer si los vuelos irregulares detectados por la Procuración General de la Nación sólo pudieron tener relación con secuestrados en la ESMA o también con cautivos de otros centros clandestinos. Si bien la certeza sobre el uso de los Skyvan para arrojar al mar a los secuestrados de la ESMA surge del testimonio del ex capitán Adolfo Scilingo, que estuvo a punto de caer al vacío desde ese avión de Prefectura, existe también una denuncia fechada en enero de 1984, después de que el presidente Raúl Alfonsín anunciara la formación de la Conadep. Se trata de una carta firmada por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”, que recibió el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli. El documento precisa el origen de los secuestrados, el avión utilizado y a un responsable directo: “Hilario Ramón Fariña. Prefecto general –aviador–, era quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña tiene 82 años y vive en Necochea. Entrevistado por Página/12, negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un 50 por ciento de verdad y otro 50 de fantasía”.