Con un decreto de necesidad y urgencia, Mauricio Macri incorporó al Código Contravencional porteño penas para quienes bloqueen la salida de los diarios o “intimiden u hostiguen a sus directivos, periodistas u otros trabajadores”. En los fundamentos del decreto, el jefe de Gobierno porteño aludió a los bloqueos que afectaron la circulación de Clarín y demoraron la distribución de La Nación. Sin ninguna mención a los conflictos sindicales expresados en las protestas, el gobierno porteño decretó que tales acciones constituyen atentados “contra la libertad de prensa y expresión”.

El decreto tiene el número 2/11 y fue firmado por el jefe de Gobierno porteño y los ministros de su gabinete. Establece una multa de hasta 50 mil pesos o arresto de hasta diez días a quienes participen de un bloqueo a un medio gráfico. El texto fija ese castigo a “quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva” y agrega, para no dejar resquicios: “O por cualquier modo que perturbe esta actividad”.

En otro párrafo extiende las mismas penas para “quien intimide y hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución”.

Como fundamentos del decreto, Macri señala “los hechos de público conocimiento ocurridos los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición del 27 de marzo del diario Clarín –y demoraron la del diario La Nación–”. En ambos casos, califica lo sucedido como “una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión”. El decreto advierte –sin especificar motivos– que los bloqueos “pueden repetirse” y critica “la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado nacional”.

El Código Contravencional porteño tiene una maquinaria judicial propia, que desde el ascenso del macrismo se centró en penalizar la protesta social. Sus artículos, a partir de 2001, incorporaron castigos contra los cortes de calle, las protestas que los ahorristas hacían frente a los bancos y los escraches. Una vez que los niveles de protesta bajaron, en la Justicia contravencional pasó a tener mayor peso la función de controlar a los pobres que circulan por la ciudad, abriendo causas al por mayor contra los vendedores ambulantes y regulando el uso del espacio público.

El aggiornamiento que ahora le da el decreto macrista tiene como principal beneficiario al grupo Clarín, a quien Macri acaba de dar por ganador, a través de la firma Prima SA, de la licitación para la provisión de netbooks en las escuelas porteñas, un negocio de 274 millones de dólares en cinco años.