Los tres ex pilotos de Prefectura, el ex mecánico de la Armada y el abogado condecorado por su actuación en la ESMA detenidos el lunes por orden del juez federal Sergio Torres negaron durante su declaración indagatoria haber participado de vuelos de la muerte durante la dictadura. Excepto el civil Gonzalo Torres de Tolosa, que tendría problemas de salud, los otro cuatro imputados ya pasan sus días en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz. La empresa Aerolíneas Argentinas, en tanto, suspendió provisoriamente a sus comandantes Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, a la espera de que se determinen judicialmente sus responsabilidades.

De Saint Georges, Arru y el prefecto retirado Alejandro Domingo D’Agostino, imputados por el fiscal federal Eduardo Taiano de haber participado en la eliminación de un grupo de militantes y familiares de desaparecidos secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, admitieron como era previsible la existencia del vuelo que figura en los registros de Prefectura, aunque aseguraron que se trató de un simple “entrenamiento”. Como detalló Página/12 hace un mes, se trata según los registros de un vuelo nocturno, de tres horas y diez minutos de duración, que no transportó pasajeros y retornó sin escalas al punto de partida. Si bien no se conocen por el momento más detalles de las declaraciones, se trataría de un entrenamiento atípico, no sólo por tratarse de pilotos con experiencia (De Saint George tenía 30 años, Arru 29 y D’Agostino 28), sino también por las palabras elegidas para registrarlo. En las planillas entregadas por Prefectura al fiscal federal Miguel Osorio, los vuelos de entrenamiento se registran como de “instrucción”, se especifica “nocturna” cuando corresponde, pero sólo uno sobre 2758 vuelos tuvo por finalidad la “navegación nocturna”. El que se les imputa.

Torres de Tolosa fue interrogado el martes en su domicilio del barrio de Belgrano por el secretario Pablo Yadarola porque habría sido operado recientemente por un tumor cerebral y padecería diabetes, hipertensión y una afección renal, entre otros males. El abogado denunciado por Adolfo Scilingo como quien le entregaba los cuerpos de las personas dormidas para arrojar al vacío en un vuelo de mediados de 1977 admitió su parentesco con el ex capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y también su presencia en la ESMA. El civil condecorado por su “esfuerzo y abnegación” en la “lucha contra la subversión” declaró que durante la dictadura prestó servicios en el área de relaciones públicas de Cancillería y admitió que concurría a la ESMA, aunque sólo para almorzar. “Se comía muy bien”, se permitió bromear. Pese a sus frecuentes visitas al comedor del Casino de Oficiales, Torres de Tolosa admitió que había sectores con carteles que indicaban “área restringida”, pero aseguró no haberlos traspasado. También negó haber participado en sesiones de tortura e incluso haber visto a personas secuestradas o haber sabido que funcionó en la ESMA un centro de tortura y exterminio. El abogado no sólo es un imputado atípico por su condición de civil, también por su experiencia para manejarse ante los magistrados, ya que fue defensor de varios de sus camaradas desde la reapertura de la megacausa.

El suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, en tanto, también rechazó haber participado y menos aún confesado su actuación en los vuelos. Empleado también de Aerolíneas Argentinas, miembro del sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza hasta el fin de semana, Ormello fue imputado a partir de relatos de sus ex compañeros de hangar de la empresa estatal tras el retorno de la democracia.

Al margen de Scilingo, condenado en España, el único detenido en el país en condiciones de ser juzgado por su participación en los vuelos es el capitán Emir Sisul Hess, quien relató a principios de los ’90 que los secuestrados caían del avión “como hormiguitas”. Su caso fue elevado este año al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía., que afrontan su primer juicio por crímenes de lesa humanidad desde hace diecisiete meses, en el juicio oral y público más extenso desde la reapertura de las causas.

El otro imputado por los vuelos que fue procesado por Torres y desprocesado por la Cámara Federal es el ex teniente Julio Poch, ex empleado de la aerolínea holandesa Transavia, detenido durante su último vuelo como piloto comercial y extraditado desde España. Poch también fue denunciado por compañeros de trabajo que lo escucharon relatar los vuelos durante una cena, y desde el día de su detención realizó junto a abogados europeos y más tarde argentinos un exhaustivo trabajo para desacreditar a los testigos e intentar demostrar una compleja conspiración en su contra.