La Cámara Federal de Mendoza confirmó ayer el procesamiento de uno de sus miembros, el juez Otilio Roque Romano, por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El tribunal ratificó la responsabilidad penal del magistrado en 76 casos de secuestros, torturas y desapariciones, aunque agravó su situación procesal al modificar la calificación legal. Además de la omisión de investigar delitos de manera sistemática y prolongada en el tiempo, que le había adjudicado en primera instancia el juez federal Walter Bento, la Cámara reemplazó la calificación de partícipe secundario a partícipe necesario, que en caso de confirmarse en la etapa de juicio oral podría costarle a Romano una condena a prisión perpetua. Un día antes el juez Bento lo había procesado por otros 17 casos, que ahora debe analizar la Cámara. Paradójicamente, el camarista continúa en funciones gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Es un caso gravísimo, no se entiende que el propio Poder Judicial tenga tanta ambivalencia o ambigüedad”, reflexionó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de seguimiento y coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. “Por un lado se confirma y agrava el procesamiento de Romano por casi cien hechos y, por el otro, el Consejo de la Magistratura, es decir la cabeza administrativa o política, con todas las facultades a su alcance, va a la zaga y muy lejos de acompañar al poder jurisdiccional”, lamentó. “Es inexplicable, no hay consonancia, no hay comportamiento coherente. Romano no puede seguir en funciones, es un juez procesado por crímenes de lesa humanidad, no puede tener el más mínimo espacio de poder con semejante situación procesal. Es perentoria una decisión administrativa”, planteó el fiscal chaqueño, quien viene de celebrar la condena por la Masacre de Margarita Belén.

La decisión de la Cámara Federal mendocina fue rubricada por los jueces Pedro González, Roberto Naciff y Hugo Echegaray, e incluye a otros tres magistrados que prestaron servicios durante el terrorismo de Estado. En el caso de Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del Juzgado Federal de Mendoza, la confirmación fue automática porque el imputado no apeló el procesamiento de primera instancia. Carrizo fue responsabilizado hasta el momento por omitir investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. El segundo procesamiento firme recayó sobre Miret, en su caso por denegación de justicia contra 36 víctimas. El tercer procesado camino a juicio es Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión, pero en perjuicio de 22 personas y en carácter de juez federal subrogante. Petra Recabarren es primo hermano de Julio Petra, actual presidente de la Cámara Federal cuyana, quien tal como informó Página/12 el mes pasado hizo lobby ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la remoción de Naciff y Echegaray, justamente por contrariar la política histórica del tribunal de obstaculizar el avance de los procesos de lesa humanidad. Petra a secas es el mismo que después de prestarse a recusar a Bento fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico de Mendoza con su amigo Romano, compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line.

En el último punto de la parte resolutiva la Cámara ordenó ayer notificar su decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura “a los fines que estimen corresponder”. También el juez Bento había notificado sin suerte en marzo al organismo responsable de analizar y juzgar el desempeño de Sus Señorías. Tanto Miret como Romano renunciaron al cargo para intentar evitar el jury, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que les frustró la maniobra. Miret debió afrontar el proceso y terminó destituido por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Romano logró burlar al organismo gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada, denunciado a su vez por el sobreviviente del Departamento de Informaciones de la policía cuyana Fernando Rule como amigo íntimo y compañero de fuero del camarista durante la dictadura.

“La resolución de la Cámara de Mendoza es de suma trascendencia para el juzgamiento de hechos gravísimos de complicidad judicial con el terrorismo de Estado”, reflexionó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración. “La decisión del tribunal deja la causa en condiciones de ser elevada a juicio, lo que seguramente ocurrirá en muy poco tiempo. El Consejo de la Magistratura debe tomar nota de esta resolución y resolver urgentemente la situación de Romano. Es una situación de inusitada gravedad institucional que no puede quedar sin resolver”, alertó.