El juez federal Norberto Oyarbide prohibió la salida del país de Sergio y Pablo Schoklender. Lo hizo al responder un pedido del fiscal Jorge Di Lello, quien dio impulso a la investigación penal contra el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y otras ocho personas por los presuntos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación a la administración pública en el manejo de los fondos para la construcción de viviendas sociales. Di Lello solicitó también una veintena de medidas de prueba, entre ellas los allanamientos que comenzaron a concretarse ayer por la noche en las oficinas de la constructora Meldorek y domicilios de los hermanos Schoklender.

El dictamen sostiene que el pedido de prohibición del país para Schoklender es a fin de “evitar situaciones que pudieran dilatar el trámite” de la causa. La medida se extiende a los otros acusados, incluidos en la denuncia porque figuran vinculados a las empresas que quedaron bajo sospecha.

En base a los datos aportados por las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro y la documentación reunida en las actuaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), sostuvo el fiscal, “se ha construido una hipótesis delictiva en la que se presume el desvío de los fondos públicos” que eran “administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de su apoderado Sergio Mauricio Schoklender”.

Di Lello solicitó además una veintena de medidas de prueba. Entre ellas, que se levante el secreto fiscal sobre los dos hermanos, Sergio y Pablo, que el Banco Central informe “con carácter de muy urgente” si tienen cuentas bancarias a su nombre y qué operaciones realizaron en los últimos años y que las empresas queden inhibidas para realizar cualquier cambio en su composición accionaria. También pidió allanamientos, que comenzaron a concretarse ayer por la noche.

Por otra parte, requirió que el Ministerio de Planificación Federal que encabeza Julio De Vido envíe la información que tenga sobre los convenios para la construcción de viviendas que firmó con el proyecto Sueños Compartidos y que sea citado a declarar como testigo el titular del Programa Federal de Vivienda para que “explique el desarrollo, pagos y controles sobre la ejecución” de los fondos.

El dictamen, de 17 páginas, no atribuye responsabilidad a las Madres. Por el contrario, plantea que los “damnificados” fueron “no sólo el Estado nacional sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los derechos humanos”. Y que el desvío de fondos se habría concretado a través de “maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa ‘Antártica Argentina SA’ u otras” sociedades.

Di Lello explicó que el expediente que se inició en la UIF, organismo que depende del Poder Ejecutivo, fue abierto por los reportes de “operación sospechosa” que hicieron dos bancos sobre cuentas a nombre de Sergio Schoklender y Antártica Argentina SA.

La primera fue abierta por Schoklender en agosto de 2009 en representación de Madres y sobre la cual Bonafini le dio al entonces apoderado un poder general sobre sus movimientos. Allí, el 10 de septiembre de 2009 se acreditaron 1.308.013,13 pesos por un cheque de la Fundación de Madres que estaba firmado por el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Héctor Ugozzoli, para la construcción de viviendas sociales.

“Estos fondos fueron transferidos al día siguiente a otra cuenta del mismo cliente radicada en la sucursal Provincia de Buenos Aires, por un monto de 900 mil pesos”, señala el dictamen. La misma cuenta recibió en noviembre del 2009 otros dos ingresos “con billetes de baja denominación por la suma de 300 mil y 295 mil pesos, respectivamente” que luego fueron debitados para el pago de sueldos. La operación resultó sospechosa porque en su momento un informe indicó que Madres tendría 72 empleados, aunque Di Lello aclaró que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó posteriormente que la cantidad de empleados de la Fundación era de 5139 personas.

La segunda cuenta fue abierta por Alejandro Abraham Gotkin a nombre de “Antártica Argentina SA” y en marzo, abril y mayo de 2009 tuvo montos por 4.835.425,22 pesos “sin la correspondiente justificación económica”. El dictamen agregó que en la cuenta abierta por Gotkin figuran operaciones por 2.319.098 pesos que “no se correspondían con el perfil del cliente”.

En el paquete de temas denunciados figuran presuntos incumplimientos en la construcción de un barrio en la provincia de Chaco, por lo que hubo un conflicto entre Schoklender y Emerenciano Sena, dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados.

También se requirió constatar si el ex apoderado de Madres es dueño de una propiedad en La Lonja, partido de Pilar, y de un yate.