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Cuando a una persona se la sospecha y acusa de “lavado de dinero, mal manejo de fondos, amenazas y daños”, según el ordenamiento jurídico argentino no hay ninguna razón para condenarla de antemano.

Pero hay todas las razones para exigir que se la investigue, se la procese si corresponde y se le aplique la más dura condena si le cabe.

Lo anterior adquiere enorme sentido dada la visible preocupación de muchas personas que apoyan a este Gobierno, y obviamente han estado siempre junto a las Madres, en su genuina alarma ante las denuncias de graves irregularidades que habrían cometido el señor Sergio Schoklender, acaso algunas otras personas vinculadas con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, e incluso funcionarios que supuestamente pudieron estar involucrados en este escándalo.

Mucha gente se siente hoy desconcertada, y/o recurre a una “defensa” en mi opinión equivocada. No es negando los hechos, ni ocultándolos, ni contraatacando a los acusadores como se limpiará el asunto.

Personalmente, estoy absoluta e incondicionalmente convencido de la inocencia y buena fe de las Madres de Plaza de Mayo, y no dudo de que el resultado final de este desdichado caso lo demostrará. Pero para ello hay que exigir y redoblar esfuerzos, precisamente para que se sepa la verdad, y toda la verdad.

El caso está enlodando no sólo la honorabilidad de las Madres de Plaza de Mayo, que son genéricamente el mejor símbolo de pureza de nuestra democracia, y ejemplo de dignidad para el mundo, sino también la lucha misma por el respeto a los derechos humanos, materia en la que la Argentina es indesmentible vanguardia mundial.

Según las denuncias, el señor Schoklender sería dueño de la empresa constructora de las casas que impulsa la Asociación que preside Hebe de Bonafini, se movería constantemente con aviones privados y por si fuera poco tendría un piloto de avión particular (un tal señor Serventich). Todo lo cual, de comprobarse y aun en el caso de que pudiese demostrarse su legalidad, está mal. Y está mal porque eso no se hace. No se corresponde con una organización de este tipo.

Pero además son inadmisibles los horribles conceptos que habría vertido el principal sospechoso, como la fanfarronada de poseer una supuesta fortuna que le permitiría comprarse “una Ferrari y un avión, si quisiera”. Semejante necedad sólo enturbia toda investigación y debate, de igual modo que todo se ensombrece con los ineludibles y espantosos recuerdos que trae el hecho de que en su adolescencia él y su hermano cometieron uno de los más repugnantes crímenes que un ser humano puede cometer. Y por el cual pagó condena, es cierto, independientemente de mi desacuerdo personal con casi todos los tipos de reducción de pena que abundan en la Argentina.

Y si encima es verdad que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de otros municipios que según otras denuncias conocían el asunto y lo dejaron pasar, se impone incluso investigar más allá y más arriba, hacia todo sector, repartición o persona que haya estado involucrada.

Las personas de bien podemos y debemos estar de acuerdo en la cerrada defensa de las Madres de Plaza de Mayo, y en particular de las de Línea Fundadora, que además de ser notablemente mayoritarias, en este asunto no han tenido absolutamente nada que ver.

Esta semana se vio por ejemplo en el programa A dos voces, de TN, cómo el señor Marcelo Bonelli y su coequiper vertieron reiterados comentarios respecto de “los organismos de derechos humanos” y “las Madres” como si todo fuese igual y diese lo mismo.

Y no es así. Ninguno de los organismos de derechos humanos tuvo nada que ver en esto, y quienes formamos parte de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, copresidida por Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, podemos desmentir rotundamente el agravio que significa hablar de “los derechos humanos” tan irresponsable y livianamente.

La defensa moral de las Madres de Plaza de Mayo no puede ni debe pasar por negación alguna. En cambio, sí debe pasar por la exigencia de profundas investigaciones, con fuertes sanciones a quienes resulten responsables, tanto en la entidad hoy cuestionada como en instancias superiores del Gobierno. No se puede ignorar que en esto hay algo evidentemente turbio, acaso sucio, y en cualquier caso gravísimo.

La responsabilidad del señor Schoklender y/o quienes sean sus socios en estos presuntos delitos, así como la responsabilidad moral de quienes acaso supieron de estos delitos y los callaron (de ninguna manera imagino una responsabilidad mayor que ésa, en ninguna Madre) debe ser investigada, juzgada y sancionada si es el caso. Y si se comprueba que el responsable es este hombre que habría desaprovechado tan extraordinaria segunda oportunidad en la vida, y si realmente amasó una fortuna y vive como un rey, como dicen, y eso es responsabilidad de alguien más, pues corresponderá que dé la cara.

La consigna pienso que debe ser: no ocultar, no silenciar, no tapar. Por acción o por omisión algunos/as se mandaron, como se dice, una gran cagada.

Es indispensable decir estas cosas, marcar estas diferencias. Para esclarecer a la opinión pública y para desmentir generalizaciones como las que escuchamos y todo indica que seguiremos escuchando.

Siempre, y solamente, la verdad nos hace libres.