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El Observatorio de Derechos Humanos porteño presentó un pedido de amparo para que el gobierno de Mauricio Macri reglamente una ley de 2009, que establecía un sistema de protección a testigos víctimas del terrorismo de Estado en los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. A pesar de que pasaron tres años, la gestión PRO no reglamentó la ley y ahora le reclaman a la Justicia que les ordene poner en funciones el programa para dar asistencia psicológica a los testigos.

En el amparo –al que tuvo acceso Página/12–, el hijo de desaparecidos Carlos Pisoni reclama que “se ordene a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires reglamentar la ley 2939 de Asistencia a Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado”, dado que se encuentra “ampliamente vencido el plazo otorgado para la concreción de la norma administrativa, omisión que atenta contra la ley sancionada por la Legislatura y contra testigos y querellantes en los juicios de lesa humanidad, quienes vemos comprometidos –principalmente– nuestra salud psíquica, es decir, los derechos a la salud y la integridad física y psíquica”. La ley dispone que se debe prestar asistencia psicológica y acompañamiento especializado a los testigos de los juicios, la asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia y la derivación “de los efectores de salud que cuenten con atención especializada, para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior derivada del testimonio”.

En el texto en el que se reclama una medida cautelar, Pisoni recuerda la desaparición del querellante en el juicio a Miguel Etchecolatz, Jorge Julio López, el 17 de septiembre de 2006. “Hoy sufrimos la ignominia de un nuevo desaparecido en democracia y, en particular, las víctimas del terrorismo de Estado sufrimos las consecuencias psíquicas de poder correr la misma suerte que López”, advierte Pisoni en el escrito, en el que también recuerda el asesinato de la sobreviviente Silvia Suppo en Rafaela y los secuestros de Luis Gerez y Víctor Martínez. “También se enmarca en esa senda el asesinato del prefecto Héctor Febres, principal acusado en el juicio que se llevaba en su contra por delitos contra la humanidad”, afirmó.

Pisoni subrayó que el gobierno porteño debería haber reglamentado la ley dentro de los 60 días de sancionada y que ese plazo expiró el 30 de septiembre de 2009. “En calidad de testigo y querellante, participé del juicio oral por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención ABO y nuevamente seré citado como testigo ante el Tribunal Oral Federal Nº 2”, afirmó.

El subsecretario de Derechos Humanos porteño, Edgardo Verón, aseguró a este diario que “es algo que se está discutiendo con el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y por el momento no se arribó a una solución, pero va a salir en consenso en el ámbito del IEM, donde están todos los organismos de derechos humanos”.