El fiscal porteño Martín Lapadú citó a Fito Páez a una audiencia de conciliación con dos abogados que lo denunciaron por la nota en la que dijo “Da asco la mitad de Buenos Aires”, tras las elecciones que ganó Mauricio Macri. Javier Miglino, uno de los denunciantes, advirtió que pretende “una disculpa pública” porque el músico fue “discriminatorio”.

Lapadú es el mismo fiscal que pidió 50 días de cárcel para los estudiantes que se solidarizaron con los 160 despedidos de Kraft-Terrabusi cortando el tránsito. Por su parte, Miglino es titular de una ONG llamada Defendamos Buenos Aires a la que promociona como la “ONG número 1 de la República Argentina”; en su blog, Miglino viene publicando entradas en las que califica a La Cámpora como “la organización filonazi del kirchnerismo”, habla de las “ladronas de pañuelo blanco” o se pregunta en alusión a Néstor Kirchner “¿Se suicidó el tirano?”. El otro denunciante fue Ricardo Monner Sans.

El llamado a la audiencia de conciliación es un paso previsto en el fuero en lo contravencional, al que pertenece Lapadú. Como se trata de una acción prejudicial, el fiscal no está obligado en este punto a demostrar que hubo delito. Los especialistas consultados por este diario coincidieron en que el fiscal no tiene sustento jurídico para sostener que lo hubo. “No se puede condenar a nadie por sus dichos”, señaló ayer desde ese fuero el defensor oficial Antonio Gariglio. “Yo no puedo encuadrar los dichos de Fito Páez en ninguna figura del Código Contravencional”, agregó. Para el funcionario judicial, “parece más una cuestión mediática que con andamiaje. Incluso termina generando una desigualdad ante la ley, porque si lo hubiera dicho cualquier otro no pasaba nada, pero como lo dijo Fito Páez lo citan”.

Para el abogado Beinusz Szmu-ckler, la de Fito fue “una opinión descalificante, pero no que deba ser entendida como delito porque no hubo intencionalidad de agraviar sino de expresar el disgusto por el resultado de la elección”. “Está dentro de la libertad de opinión”, coincidió Ricardo Hunis, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Otra cuestión polémica es la legitimidad de los denunciantes para darse personalmente por agraviados. “Da asco la mitad de Buenos Aires. Hace tiempo que lo vengo sintiendo. Es difícil diagnosticarse algo tan pesado. Pero por el momento no cabe otra”, escribió Páez en una nota. La audiencia a la que lo convocó el fiscal porteño no tiene todavía fecha, aunque se realizaría a fines de septiembre.