“Las personas que no son creyentes tienen que ser respetadas (y eso se logra) no exhibiendo ninguna simbología religiosa en los lugares públicos”, sostuvo el pastor evangélico pentecostal Guillermo Prein, del Centro Cristiano Nueva Vida. “Un culto es una ideología y el Estado debe tener una posición neutral”, afirmó Fernando Lozada, presidente del Congreso Nacional de Ateísmo que se realizará el mes próximo en Mar del Plata. “No es una lucha contra las religiones”, aclaró Manuel Ochandío, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Los tres formaron parte de un panel convocado ayer por la tarde en la Asociación de Abogados de Buenos Aires en apoyo al proyecto que promueven legisladores porteños de la oposición para eliminar los símbolos religiosos de los edificios públicos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Defendieron también la iniciativa dos de sus impulsores, María José Lubertino, del bloque Encuentro Popular para la Victoria, y Rafael Gentili, de Proyecto Sur.

El proyecto fue presentado en 2010 y girado a las comisiones de Cultura y Asuntos Constitucionales. Pero todavía no fue debatido en el ámbito de la Legislatura. Lo firman, además de Lubertino y Gentili, Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo y Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, Laura García Tuñón, Julio Raffo y Jorge Selser de PS, Marcelo Parrilli, del MTS-PS, y Antonio Rubén Campos de la UCR. Ayer, durante el debate, se anunció que la legisladora Diana Maffía, de la Coalición Cívica, comunicó que adherirá a la iniciativa.

El proyecto “prohíbe la instalación o exhibición permanente de imágenes o motivos religiosos en todos los edificios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con excepción de aquellos que se encuentren en hospitales y cementerios siempre y cuando “se encuentren en un espacio reservado y se garantice la multiplicidad de credos”. La propuesta apunta a “garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y la laicidad del Estado en el ámbito de la Ciudad”, de acuerdo con su artículo 1. Es decir, establece que deben ser retirados crucifijos, vírgenes y otras imágenes religiosas de escuelas, tribunales y oficinas públicas.

La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay se manifestó ya públicamente a favor de una iniciativa de estas características el año pasado y destacó que otros integrantes del máximo tribunal comparten su posición.

Ayer se acercó a la Asociación de Abogados de Buenos Aires y se sumó al público del auditorio una veintena de personas que manifestaron su rechazo al proyecto. Algunos tenían carteles con una imagen de un crucifijo y la leyenda: “Yo no lo saco”. Varios se identificaron como pertenecientes a la Acción Nacional Católica y llevaban en el pecho una bandera papal. “Es lo mismo que obligaran a sacar los ombúes y las guitarras, son parte de la identidad argentina”, dijo a Página/12 uno de los manifestantes, Eduardo Schweitzset, de la “Corriente Naranja”, un movimiento “anti derechos” que nació en las marchas contra el matrimonio igualitario.

“Siempre es bueno poner en debate estos temas”, destacó Lubertino. Y señaló que el proyecto apunta a defender la libertad religiosa. “El concepto de libertad religiosa incluye la no creencia”, indicó y consideró que el Estado no puede legitimar en el espacio público “la preponderancia de un culto sobre otro”. A su turno, el diputado Gentili subrayó que la propuesta legislativa “debe enmarcarse dentro de las luchas por la igualdad de los derechos”. Y también quiso dejar en claro que “no es una movida contra las religiones ni contra la Iglesia Católica Apostólica Romana”. “En países europeos no se permite a los funcionarios públicos hacer proselitismo en la función pública de su fe religiosa y en eso no se considera que se ponga en juego la libertad religiosa”, describió. Y evaluó que la naturalización de las imágenes religiosas en espacios públicos “es un mal acostumbramiento que nos tenemos que sacar de encima”.