El Consejo de la Magistratura está muy cerca de dar otro paso crucial en el juzgamiento de la complicidad civil con los crímenes cometidos durante la última dictadura. Si nada altera los planes del oficialismo y un grupo de consejeros que lo apoyan, el plenario del organismo votaría hoy la apertura del juicio político y la suspensión del camarista mendocino Otilio Romano. Este juez está procesado en su provincia y cerca de ir a juicio oral, acusado de haber sido partícipe en 103 hechos de violaciones a los derechos humanos como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. El dictamen que podría aprobar el Consejo propone impulsar la remoción de Romano por siete cargos que apuntan a reflejar que habría tenido una conducta sistemática funcional al terrorismo de Estado. Para las diez de la mañana está convocada la Comisión de Disciplina y Acusación, donde el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), quien tuvo a cargo a la instrucción del caso, presentará oficialmente un dictamen proponiendo la acusación y suspensión de Romano. Los argumentos se apoyan en buena medida en las imputaciones que ya le hicieron en una causa penal el fiscal Omar Palermo y el juez Walter Bento, que lo procesaron como partícipe en más de un centenar de hechos, que incluyen secuestros, torturas, robo de bienes, homicidios, allanamientos ilegales y hasta el archivo de la causa sobre la apropiación de una hija de desaparecidos (quien luego recuperó su identidad). Ordiales propondrá impulsar la destitución por mal desempeño y posibles delitos, y lo haría en base a siete cargos. Los dos centrales, según pudo saber este diario, le atribuyen al actual camarista “haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad” y “haber resultado funcional al plan represivo montado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el marco del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de Mendoza”. El resto de los cargos alude a casos concretos en los que recibieron denuncias detalladas, por ejemplo de torturas y apropiación de bienes de desaparecidos, que no investigó ni denunció. Para lograr quórum, el plenario del Consejo necesita la presencia de al menos siete de sus trece miembros, lo que estaría garantizado. Para votar la suspensión, requiere dos tercios de los presentes. Y según pudo sondear Página/12, habría suficientes voluntades. Romano fue denunciado en agosto de 2009 por varios organismos de derechos humanos de Mendoza, al igual que Luis Miret, quien fue juez durante la dictadura.