Desde Paraná

Comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. Cinco integrantes de la patota que actuó en Rosario durante la dictadura, además de un médico, están acusados por el secuestro y la sustitución de identidad de los hijos mellizos que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en los primeros días de marzo de 1978. En el banquillo de los acusados están sentados los militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del hospital. Salvo Guerrieri y Zaccaría, que gozan del beneficio del arresto domiciliario, el resto de los imputados están alojados en la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana.

La investigación, iniciada en 2005, permitió la restitución de la identidad de Sabrina Gullino, en diciembre de 2008. Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y el mismo día fueron enviados al centro clandestino de Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio. Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para trasladar en forma clandestina a Raquel Negro para que diera a luz.

El procedimiento estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, a cargo del teniente coronel Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía las detenciones de personas en todos los centros clandestinos que funcionaban en la zona. En la línea de mando seguía el mayor Jorge Alberto Fariña, que actuaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.

En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento de Rosario, presionaron y dejaron trabado el timbre con un escarbadientes y salieron corriendo. Esa fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.

El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona, y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.

En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se de-sempeñó como nexo con los represores que ejecutaron el operativo.

El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la sala de Ginecología y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva quedaran registrados como NN tanto Raquel Negro como sus hijos. Esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del hospital, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad del estado de salud del varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.

El juicio se extenderá por alrededor de dos meses, ya hay 49 testigos citados a declarar, entre ellos Sabrina Gullino, su hermano Sebastián Alvarez; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Cardozo; Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes; el represor Eduardo Costanzo, que aportó datos clave; y las enfermeras que atendieron el parto y a los mellizos.