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La Oficina Anticorrupción (OA) denunciará ante la Justicia Federal que Carlos Menem habría evitado consignar en sus declaraciones juradas una pensión como ex gobernador de La Rioja que le concedió la dictadura militar en 1980, mientras él estaba preso. El organismo pedirá que se investigue a fondo al candidato presidencial en la misma causa en que está cuestionado por la “omisión maliciosa” de sus cuentas en Suiza. Se basa en una presentación que hizo el concejal riojano Pablo Díaz (Frente del Pueblo), en la que sostiene que el ex presidente sigue cobrando el beneficio hasta el día de hoy.
No es que los haberes que se le asignaron a Menem por su gestión como gobernador entre 1973 y 1976 sean de por sí irregulares, pero hay dos datos que, cuanto menos, lo enrarecen. Si los cobró –como sostiene el denunciante– desde que los obtuvo hasta la actualidad, debió haberlos incluido en las declaraciones juradas de bienes que presentó como presidente, pero como no lo hizo podría ser acusado de haber incurrido en el delito de “omisión maliciosa”, según advierten en la OA. Esa figura legal, aplicable en estos casos, establece entre sus alcances la prohibición de ejercer cargos públicos. En otro orden, no deja de resultar llamativo que la pensión le haya sido asignada al riojano por el gobierno de facto que lo había puesto tras las rejas en Las Lomitas.
Díaz es el mismo concejal (del departamento de Olta) que destapó un megasistema de jubilaciones truchas en La Rioja, arraigado durante la presidencia de Menem, que fue y sigue siendo objeto de investigaciones penales que ya arrojaron un fraude superior a los 100 millones de dólares. En sus rastreos previsionales dio con la pensión del ex mandatario que decidió llevar a la OA.
“Este tema de la pensión pone en evidencia, creo yo, los lazos que los Menem mantuvieron con el gobierno militar”, señaló Díaz a Página/12. Y pasó a enumerar antecedentes: “El Hermano Eduardo fue el que evidentemente mantenía las negociaciones, y su vinculación con los militares era de larga data. Había sido ministro del dictador Juan Carlos Onganía y en 1967 quedó tres meses a cargo de la gobernación. En el caso de la pensión de Carlos, Eduardo es quien incluso aparece en los papeles como su apoderado. Otro de los hermanos, Amado Menem, asumió como intendente de facto en 1981 del departamento de Castro Barros, cuya capital es Anillaco. Este último, además, tiene una jubilación trucha”.
La copia del decreto que Díaz entregó a la OA, fechado el 2 de julio de 1980, dice claramente que se resuelve “otorgar a partir del 8 de mayo del corriente año, la pensión que le corresponde como ex gobernador de la provincia, al Dr. Carlos Saúl Menem”. El concejal explicó que la suma percibida debería equivaler a un sueldo de gobernador: “Hay que calcular más de 6.000 pesos”, dijo. También informó que en un principio a Menem le negaron el pago retroactivo –de 1976 a 1980– pero “después sí se lo concedieron”.
La disposición que otorgaba el beneficio estaba firmada por el entonces gobernador, el comodoro Francisco Federico Llerena, y sus ministros Pablo Javega y Franklin Herrera Páez. Para seguir trazando relaciones, el concejal riojano cuenta que “este Herrera Páez es hermano de Enzo Herrera Páez, el forense que elaboró los informes que decían que la muerte del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, en agosto de 1976, había sido un casual accidente tránsito, cuando quedó demostrado judicialmente que fue un asesinato. Después recibió una jubilación, hoy de unos 7.200 pesos, que pareció una compensación del gobierno militar, como si hubiera sido jefe de policía, puesto que nunca tuvo”.
Por lo pronto, la OA se presentará hoy en el juzgado de Norberto Oyarbide, que instruye una causa en la que Menem está sospechado de omitir en sus declaraciones patrimoniales al menos una cuenta en Suiza que él mismo reconoció públicamente. Llevará la denuncia de Díaz y pedirá que severifique, a través del gobierno riojano, la existencia de la pensión y si el ex mandatario la percibió durante su reinado en la Casa Rosada.