Tras casi un año de investigación que incluyó peritajes, análisis de filmaciones y comunicaciones policiales, testimonios directos y reconstrucciones en el lugar, el fiscal Sandro Abraldes concluyó que la Policía Metropolitana fue responsable de los disparos con balas de plomo que mataron a Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña durante el desalojo feroz del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre del año pasado. A la vez, atribuyó a esa fuerza las heridas sufridas por otras seis personas con el mismo tipo de proyectiles. Por eso requirió que sean citados a indagatoria 33 policías porteños, algunos con cargos jerárquicos. Pero también sostuvo que el operativo fue conjunto y que las órdenes las daba la Policía Federal. Pidió que declaren como sospechosos cuatro comisarios e imputó abuso de armas de fuego a ocho agentes que disparaban sin parar desde arriba del puente de la avenida Escalada. Abraldes, además, imputó y pidió la citación de la jueza María Cristina Nazar, quien dio la orden inicial de expulsar a los ocupantes del predio de Villa Soldati. Consideró que actuó de manera forzada, bajo posibles presiones, sin supervisar el procedimiento ni tomar medidas para proteger la vida de las personas en riesgo. Fue “desaprensiva”, afirmó.

La decisión de concretar o no los llamados a indagatoria será del juez Luis Otero. Según la Fiscalía, los balazos mortales se originaron en un grupo de agentes de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) –una guardia de Infantería–, encabezados por el comisario Ricardo Ferrón –quien había sido vinculado por el legislador Marcelo Parrilli con un operativo de la dictadura– y también habría tenido un papel importante la División Vigilancia Preventiva de esa fuerza. No se identifica al autor de los disparos, sino a los integrantes del grupo de donde salen, acusados de “homicidio en agresión”, ya que “ninguno de los fallecidos ni lesionados se encontraba atacando a la policía”. El dictamen sugiere que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño fogoneó el desalojo y la acción de la Metropolitana.

La Fiscalía llama la atención sobre un dato: a Salgueiro, de 22 años, le dispararon pocos después de iniciado el desalojo, en la entrada a la Villa 20, en diagonal abajo del puente de Escalada, donde en ese momento estaba la Metropolitana. A Chura Puña, de 28 años, la asesinaron una hora más tarde en el otro extremo del Indoamericano (cerca de la autopista Cámpora y Castañares), adonde se había trasladado el equipo de la DOEM, según consta en las imágenes registradas por las cámaras cercanas y corroboraron los testigos y las comunicaciones policiales. A ambos les extrajeron el mismo tipo de proyectil: de plomo, calibre 12 milímetros, compatible con escopetas policiales de munición múltiple. Los seis heridos de bala estaban en la misma zona que ellos (cuatro y dos).

Pese a que el gobierno porteño negó que su policía haya usado balas de plomo, Abraldes lo refutó. Con los peritajes de Gendarmería planteó que las municiones fueron “adulteradas”, mezcladas postas de goma y de plomo. Señaló que el “grupo de elite” comandado por Ferrón está capacitado para hacer algo así –que igual considera “sencillo”– y que ese tipo de postas dificultan identificar el arma de origen. Las muertes y lesiones, afirma, fueron “consecuencia directa” del “accionar policial violento”, un ataque “desplegado injustificada e innecesariamente”. “La utilización de armas y municiones de efectos letales, a escasos metros de distancia y apuntando a la zona en que estaban los perjudicados, con un ángulo que necesariamente impactaría en sus cuerpos”, mostraría que “actuaron con conocimiento y aceptación” de las “consecuencias”, señala el dictamen.

Tanto la Metropolitana como la Federal violaron, según Abraldes, las normas que los obligan a preservar la seguridad y la vida de las personas y que les indican que el uso de armas letales sólo estaría habilitado para defenderse en situaciones de riesgo extremo y para preservar vidas. “Ninguna de esas situaciones se verificó –resalta–. Los disparos realizados no han sido defensivos sino ofensivos.” Fueron, contabiliza, 581. Como prueba de la acción conjunta y a sabiendas de lo que podía ocurrir, cita una reunión de trabajo previa entre jefes policiales en la seccional 52.

Los comisarios de la Federal implicados son Roberto Palavecino –Jefatura de comisarías–, Hugo Lompizano –Dirección General de Operaciones, procesado también por el asesinato de Mariano Ferreyra–, Juan Antonio Quintero y Emilio Mirgaya. Los dos primeros seguían todo en directo desde la DGO y daban instrucciones también a la Metropolitana. Los segundos estaban en el Indoamericano mismo. Abraldes los acusa de “homicidio y lesiones imprudentes”. Ninguno está en funciones ahora. Fueron desplazados por la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, creado después de estos hechos.

Otros ocho policías federales fueron imputados por “abuso de armas”. Se ubicaron en el puente de Escalada después de que se movió de allí la Metropolitana y dispararon armas largas pese a tener la orden de no hacerlo. Apuntaban a “personas que se habían refugiado en el interior de la Villa 20”.

La jueza Nazar, de acuerdo con el fiscal, tuvo una actitud “desaprensiva”: no supervisó el operativo que dispuso ni atendía los llamados de los comisarios, además de que procedió contra “su propio convencimiento jurídico”. Abraldes señala (al pedir indagarla por los homicidios y prevaricato) que así como en un comienzo sostuvo que había una usurpación, en una resolución posterior dijo que no había delito, sino sólo “una ocupación indebida de un espacio público”. Sugiere que ordenó la expulsión ante la insistencia del fiscal Cristian Longobardi, el reclamo de la Corporación Buenos Aires Sur y, según el testimonio del secretario de su juzgado, de los llamados del subsecretario de Justicia, Daniel Presti. El secretario contó que cuando le informó a Presti que el fiscal había pedido que el desalojo lo hiciera la Federal, la respuesta fue: “Este Longobardi es un pelotudo” (sic). Al final, la Metropolitana tuvo un papel protagónico.