Tras el discurso de la presidenta Cristina Kirchner con reproches a la Justicia por las trabas a la aplicación plena de la ley de medios, la Corte Suprema dejó trascender que no resolverá hasta el año próximo el reclamo del Estado contra los fallos que mantienen al Grupo Clarín eximido de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión. Cerca de la presidencia del máximo tribunal dijeron que los dichos de la mandataria no van a acelerar los tiempos ni influir en una futura decisión. “No es cierto que los tribunales estén paralizando la ley, que está vigente”, refutó un vocero supremo, que cargó las tintas sobre la demora en la reglamentación por parte del Gobierno.

Anteayer, durante el acto de entrega de más de 1200 licencias de radio a municipios, Cristina Kirchner advirtió que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “tuvo dificultades jurídicas como nunca tuvo una ley”, en referencia a las medidas cautelares que frenaron su aplicación. “La ley fue sancionada en 2009, pero todavía no se aplica la desinversión de los monopolios ¡Qué bárbaro! ¡Qué fortaleza que tienen! Pero la Justicia siempre llega, y si no que lo digan las Madres, que estuvieron tantos años luchando. La única lucha que se pierde es la que se abandona”, comparó.

En el derrotero judicial de la ley de medios, primero hubo fallos de jueces provinciales que suspendieron su aplicación íntegra con medidas cautelares. Fue la Corte Suprema la que cuestionó a mediados del año pasado esa avanzada al revocar una resolución de la Cámara Federal de Mendoza que había admitido un planteo del diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas. Alertó sobre el abuso de las cautelares y definió que los jueces no pueden suspender la aplicación de una ley con efectos generales ni reeditar un debate parlamentario que dejó a alguien insatisfecho, lo que amenaza la división de poderes. Así cayeron los fallos que paralizaban la ley, pero mientras tanto se cocinaban otros, con planteos de inconstitucionalidad de artículos puntuales.

El multimedio Clarín cuestionó el artículo 161, que fija la desinversión compulsiva en el plazo de un año, que expiraba en octubre. El juez Edmundo Carbone le dio la razón por entrever “un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”. La Cámara lo respaldó al considerar que el plazo era “sorpresivo, breve y fatal”. La Corte ya intervino cuando el Estado apeló por primera vez. Dejó en pie la cautelar a favor de Clarín, pero dijo que no podía ser indefinida o se convertiría en una sentencia anticipada. El juez, dijo, debía fijar un plazo razonable. Como no lo quiso fijar el magistrado –que incluso después se jubiló– lo hizo la Cámara: estipuló 36 meses, es decir, hasta diciembre de 2013. El Estado volvió a recurrir a la Corte. Sostuvo, por ejemplo, que con toda la discusión judicial Clarín habrá ganado por lo menos cinco años (la mitad de lo que dura una licencia). En presentaciones previas ya había argumentado que su concentración (por ejemplo, del 57 por ciento del mercado del cable) impide la diversificación y el surgimiento de nuevos prestadores.

Ahora los jueces supremos, que antes de resolver le pidieron opinión al procurador Esteban Righi, cerca del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y algún que otro ministro, niegan que la Justicia obstruya la aplicación de la ley y atribuyen las demoras a que se tardó en reglamentarla y aclaran que ahora “la ley está vigente” y lo único que no se aplica es el plazo de desinversión. Y anticipan que si se declara la inconstitucionalidad del artículo 161, será sólo para la empresa que lo reclama. Está por verse, pero el desenlace será el año próximo.