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El descanso del ex juez Otilio Romano en las coquetas playas chilenas de Reñaca fue interrumpido por un momento ayer. Al mediodía, efectivos de Interpol le informaron que estaba detenido y lo llevaron a declarar a tribunales, pero luego le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”, es decir que el ex magistrado sólo está obligado a quedarse en su casa por la noche. Romano, procesado por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, podrá seguir de vacaciones, aunque el trámite realizado ayer dio inicio a su proceso de extradición, que podría demorar unos meses.

“Es una vergüenza que la Justicia chilena no haya tenido en cuenta la conducta anterior de Romano, que ya se fugó, y la gravedad de las acusaciones que se le imputan”, dijo a Página/12 Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y querellante en la causa en la que está implicado el ex camarista mendocino.

Romano fue arrestado ayer al mediodía por orden del juez de la Corte Suprema de Chile Adalís Oyarzún, quien había pedido al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputaban al ex magistrado y al Ministerio de Interior de su país un informe sobre el estado del trámite de refugio político iniciado por el ex hombre fuerte de la Justicia mendocina. Luego de su detención, Romano fue interrogado por otro magistrado, Sergio Moñoz, quien después de escucharlo le concedió el beneficio de quedar “arrestado” sólo durante la noche.

El ex juez se escapó a Chile a fines de agosto del año pasado, un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. Luego fue destituido. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, fue la conclusión del jury de enjuiciamiento. El cruce de la frontera y el fin de su juicio político hicieron que el juez Walter Bento solicitara su captura internacional, luego de considerarlo prófugo. La foto del ex camarista mendocino figuró en la página de Interpol junto a los criminales más buscados.

En tanto, Romano pidió asilo en Chile y consiguió ocho meses de visa. La decisión de interrogarlo ayer y el hecho de que quedara en estado de semilibertad dio comienzo a su trámite de extradición. Será el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien tenga la última palabra para definir si el ex juez vuelve preso a la Argentina para ser juzgado por su rol durante el terrorismo de Estado.

Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad, que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Durante la última dictadura fue fiscal y juez subrogante y se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata, e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A. Luz Faingold fue detenida a los 17 años en 1975 y llevada a una cárcel de adultos donde funcionó un centro clandestino y donde fue torturada y atacada sexualmente mientras Romano se negaba a restituirla a sus padres. La mujer relató que el entonces fiscal pasó a verla por el calabozo.

El actual camarista también está procesado por la apropiación de bienes de Alicia Morales de Galamba, a quien le saquearon la casa tras su secuestro. Cuando su abogado defensor pidió un informe a la Octava Brigada sobre dónde se encontraban los bienes, Romano se opuso –cuenta el abogado Salinas– con el argumento de que “si giraban ese informe convertirían al tribunal en una oficina de objetos perdidos”. “Tampoco investigó las torturas a Morales de Galamba”, agregó.

Fidel Bustelo denunció que Romano interrogó a su padre, Angel Bustelo, mientras éste se encontraba detenido en un centro clandestino en La Plata, durante la dictadura. En el marco de ese interrogatorio, Romano mostró su supuesta confusión entre un testamento escrito en ídish por un cliente de Angel Bustelo con una prueba de su supuesta “conexión soviética con la guerrilla”. “De nada

sirvió que mi viejo le explicara que se trataba de un testamento en ídish de un cliente del estudio al que le estaba haciendo una sucesión. No había forma de explicarle que no era ruso”, explicó Fidel Bustelo.