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Por Daniel Maglioco

Para valorar a los mayores
Algunos sectores de la sociedad quizá hayan empezado recién en los últimos tiempos a tomar conciencia de la magnitud de la crisis y del daño irreversible que produjo la insistencia en sostener un modelo económico tan perverso como agotado. Esta toma de conciencia condujo a diversas formas de manifestaciones que expresaron no sólo el descontento y el hartazgo frente a la situación, sino además el reclamo desesperado por una definición favorable con vista a las medidas tomadas que establecieron claramente quiénes son los ganadores y los perdedores.
Sin embargo, en nuestro país existe una gran parte de la sociedad, la de los jubilados y pensionados, que ha ido perdiendo progresivamente, a manos de los tres poderes nacionales, muchos derechos que la Constitución y las leyes garantizaban. Quienes hoy se sorprendan por la falta de cumplimiento de ciertas leyes, por las sentencias de ocasión, o por los decretos de necesidad, seguramente no prestaron atención a la situación que, desde hace varios años, vienen atravesando nuestros mayores.
A ellos se les ha negado el beneficio de sus haberes jubilatorios que el mandato constitucional establece en el artículo 14 bis, así como decisiones administrativas o judiciales favorables en los reclamos de actualizaciones por movilidad. Han sido afectados por diversas leyes de emergencia económica (ley 25344), por decretos que en algún caso hasta se autotitulaban, paradójicamente, de “solidaridad previsional” y por recortes en un 13 por ciento a sus magros haberes para contribuir con el “Déficit Cero” que, en realidad, terminó siendo un déficit de más de 10 mil millones. Los nuevos beneficiarios no tendrán mejor suerte dado que a la situación descripta debe agregarse que los retroactivos les serán abonados en cuotas, conforme lo dispuesto por el decreto 449/01, y que tras la destrucción del sistema de reparto, muchos quedarán a merced de una suerte dictada por las AFJP y sus reglas de mercados, negocios, ganancias, pérdidas, inversiones, y comisiones, pero jamás en base al trabajo y ahorro del aportante, y mucho menos de la función social y la “solidaridad” del sistema.
Desde algunos ámbitos se aspira a constituir una nueva república. Quizás, tomando el ejemplo de las antiguas repúblicas, haya llegado el momento de valorar socialmente a nuestros adultos mayores y de restaurarles los derechos que desde hace tiempo les fueron cercenados.

* Director General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad.