“Estamos en condiciones de anticipar que los números que mencionan (en España) sobre el valor de la compañía van a ser revisados a medida que vayamos conociendo los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba. El señor (Antonio) Brufau dice que (el 51 por ciento de) la empresa vale 10.000 millones de dólares, pero vamos a ver cuánto vale”, lanzó ayer Axel Kicillof, viceministro de Economía y uno de los interventores dentro de la petrolera. Fue durante su participación en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales (Marcelo Fuentes), Presupuesto (Aníbal Fernández) y Minería, Energía y Combustibles (Horacio Lores) del Senado. De esta manera, el funcionario advirtió que al momento en que el Tribunal de Tasación evalúe el precio de las acciones de YPF que serán expropiadas, una vez que el proyecto bajo consideración se convierta en ley deberá tenerse en cuenta tanto la deuda financiera como los llamados pasivos ambientales.

“El medio ambiente no se rifa y tiene precio. Tendrán que pagar por supuestos daños ambientales”, afirmó Julio De Vido, ministro de Planificación, quien también participó del encuentro, junto al secretario de Energía, Daniel Cameron. Si bien el debate continuará hoy, el Frente para la Victoria buscará emitir dictamen para avanzar en su tratamiento en el recinto el próximo miércoles. Durante el primer día de intervención, el Gobierno logró incrementar en un 5 por ciento la producción de la refinería de La Plata. La semana que viene, la nueva YPF promete otro incremento del 5 por ciento (ver página 5).

La presentación de Kicillof fue seguida atentamente por los senadores de la oposición y el oficialismo por más de dos horas y media. Su relato tuvo por momentos pasajes álgidos, académicos e históricos. “La actual situación de YPF no debe relacionarse solamente con la privatización de la empresa, que fue en 1992, sino fundamentalmente con su desnacionalización (que fue a finales de la década menemista), cuando la petrolera fue convertida en una empresa más dentro de un grupo transnacional. YPF fue usada para solventar la expansión internacional de ese grupo”, sostuvo Kicillof.

¿Cómo se llegó a esta situación?, se preguntó el funcionario. “Durante el neoliberalismo (que comenzó en la dictadura militar y se perfeccionó durante el menemismo) los hidrocarburos eran considerados como simples commodities. El nuevo rol de YPF tiene que estar asociado al desarrollo económico”, agregó Kicillof.

El proyecto de ley enviado al Congreso establece en su primer artículo que “se declara de interés público la producción, comercialización y distribución de hidrocarburos para garantizar el desarrollo con equidad social”. En este sentido, De Vido afirmó: “El Gobierno quiere una YPF pujante y no tonta, boba, ni autista. Tiene que ser una herramienta estratégica para la futura economía del país” (ver aparte).

Entre 1998 y 2011, la producción total de petróleo se redujo en 15,9 millones de metros cúbicos, de los cuales 8,6 millones fueron responsabilidad de Repsol YPF. Esta compañía fue responsable del 54 por ciento de la caída de la producción de crudo y del 97 por ciento de la caída de la producción de gas. Durante 2011, Repsol YPF tuvo ventas por 13.730 millones de dólares,

Ese mismo año, el Estado tuvo que importar combustibles por 9397 millones de dólares, con un resultado en su balanza energética negativo en 3029 millones de dólares. La pregunta que formuló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación del proyecto y que fue retomada ayer por los funcionarios apuntó a saber cómo hizo la compañía para aumentar sus ventas, si bajó su producción y niveles de reservas.

“Brufau desplegó una actitud sistemática de boicot de la producción local de hidrocarburos. ¿Cómo lo hacía? Reclamaba que se le permitiera vender internamente a precio internacional. Es decir, se quejaba de los precios internos. Cerraban la perilla y provocaban desabastecimiento. Por lo tanto, forzaban al Gobierno a importar combustible, que luego lo vendían localmente a un precio menor al internacional, pero mayor al precio de referencia al que debían comercializarlo”, explicó Kicillof.

El funcionario reveló dos reuniones que mantuvo con el CEO de Repsol en los últimos dos meses. También habló ante los senadores de una “carta autoincriminatoria”, cuyos argumentos aparecen en los propios fundamentos del texto enviado al Parlamento. En una carta fechada el 2 de abril, Repsol menciona un Plan de Negocios a través del cual YPF podría resolver los problemas energéticos del país. “Sin embargo, la empresa indica que no se encuentra en condiciones de implementarlo en la actualidad, porque no tenía la plata para hacerlo”, explicó el viceministro de Economía.

A partir de la intervención, el Gobierno comenzó a investigar el estado patrimonial de la compañía, así como también el estado de sus activos físicos. Como primer paso, los funcionarios del Ejecutivo comenzaron a tener acceso a cierta información “que no estaba disponible para las autoridades por el manejo especulativo de la empresa”, indicó Kicillof en su presentación.

“Encontramos números imprudentes sobre el valor de la empresa, que deberán revisarse. Esa situación de activos sobrevalorados y pasivos subvaluados sólo puede analizarse ahora, que tenemos el control de la compañía. No había forma de hacerlo de otra manera”, sostuvo el economista.

Esto implicará un análisis de la situación pozo por pozo, por ejemplo. Por su parte, el ministro de Planificación afirmó que Repsol YPF tendrá que pagar por supuestos daños ambientales en el país. “Ya hablamos con cada uno de los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales que hicieron”, afirmó De Vido durante la exposición en el Senado. En este sentido, contó el caso de Mendoza “donde dejaron un desastre en infraestructura de producción. Esto tiene su costo y lo van a tener que pagar”. “El valor de la empresa tendremos que conversarlo también con los señores gobernadores, quienes tienen muchos reclamos para hacer”, agregó el titular de Planificación e interventor de YPF.

De esta manera, ambos funcionarios pusieron algunos reparos a la pretensión de Brufau de obtener más de 10.000 millones de dólares como indemnización a la posible expropiación. Como dato extra, los funcionarios afirmaron que Repsol YPF tiene una deuda de 9000 millones de dólares, que la habrían hecho pasar como inversión. “Tarados son los que creen que el Estado es estúpido y tiene que comprar las acciones de la empresa siguiendo las leyes o reglamentos puestos por la misma compañía”, dijo Kicillof en un tramo de su exposición, ante la mirada atónita de los senadores de la oposición.

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