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El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, toda la cúpula de la Bonaerense y una parte del aparato judicial de Morón quedaron desde ayer gravemente afectados por la crisis del caso Candela. El escándalo también le llega al gobernador Daniel Scioli.

Se veía venir. La mayoría de los imputados ya estaba en libertad y, si bien el fallo de la Sala III de la Cámara de Morón se basa más en defectos judiciales técnicos que en la investigación de fondo, está claro que con pruebas sólidas los magistrados habrían sostenido la causa, no la hubieran demolido.

La hipótesis oficial siempre pareció bastante endeble y desde Página/12 se insistió una y otra vez en que la investigación iba camino al naufragio. No tenía credibilidad que la niña fuera secuestrada y asesinada como venganza contra su padre, Alfredo Rodríguez, por una disputa cuando integraba una banda de piratas del asfalto. Rodríguez llevaba un año preso cuando mataron a Candela y la pelea había sido por 10.000 pesos. Entre el supuesto autor intelectual, Héctor “El Topo” Moreyra, y el supuesto autor material, Hugo Bermúdez, no pudieron encontrar ni una llamada ni un contacto. No pudieron probar siquiera que se conocían.

En la autopsia se determinó que la chica, de 11 años, registraba “desfloración de antigua data”, es decir que Candela era una niña abusada. Varios criminalistas insistieron en que esto no podía dejarse de lado, sobre todo porque Candela fue asfixiada, una mecánica de muerte que muchísimas veces está asociada a delitos sexuales. Pero la madre de Candela negó que su hija fuera abusada y la investigación oficial fue llevada para otro lado. La pista de la prostitución infantil no se profundizó.

También la cuestión de la venta de drogas rondó el caso. Los testigos de identidad reservada siempre asociaron a los protagonistas con la venta de drogas. Pero la investigación tampoco fue para ese lado, pese a las versiones de secuestros, entregas y otras maniobras similares que rodearon a la familia de Candela. No faltaron, como condimento, los informantes policiales y el vínculo de los uniformados con los delitos.

Más allá de las hipótesis y el naufragio de la causa, lo que queda en la retina es el show de la muerte.

- Aquellas imágenes del momento en que se le mostró el cuerpo de la niña a su madre, delante del gobernador, el ministro y la plana mayor de la Bonaerense, violando códigos éticos elementales, pero, además, destrozando la evidencia en un escenario del caso.

- El paseo incesante por todos los medios de Fernando Burlando, el carísimo abogado platense, que apareció sorpresivamente en la causa representando a Carola Labrador, la madre de Candela, para repetir una y otra vez que la investigación era magnífica, impecable y (sic) “estos sujetos son los autores, van presos y no saldrán en muchísimos, pero muchísimos años”. Ayer estaban por recuperar la libertad los últimos detenidos. ¿Quién pagó ese cheque en blanco otorgado a la investigación?

- El ahora apartado juez Alfredo Meade que filtró un escrito en el que había copiado la declaración de un testigo de identidad reservada que, de inmediato, fue identificado y hostigado por los medios.

- Las conferencias de prensa diarias del jefe de los fiscales de Morón, Federico Nieva Woodgate, en las que se daban detalles y más detalles de una trama que ahora se cayó a pedazos.

- La aparición –el mismo día que se encontró el cuerpo– de una grabación, difundida por las autoridades bonaerenses a través de todos los medios, en la que se hablaba de una extorsión: “Que esa conchuda devuelva la guita o a la nena no la ves nunca más”. No importa si la grabación era real o una maniobra, importa cómo se filtró, en lugar de investigar con seriedad.

La debacle del caso Candela no debe quedar como un traspié por detalles técnicos-jurídicos. Pone en cuestión cómo se enfrenta al delito en la provincia de Buenos Aires, cómo se manejan judicial y policialmente las investigaciones y la grosera forma en la que se pretende engañar a la gente con el show de la muerte.

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