En un trámite veloz, el kirchnerismo firmará esta noche el dictamen de expropiación de YPF y la declaración de utilidad pública de la producción de hidrocarburos. Con la firma del dictamen, el tema llegará al recinto el próximo miércoles, cuando se espera que obtenga media sanción y pase a Diputados. “El jueves 3 de mayo se les dará la enorme alegría a los argentinos”, anticipó ayer el presidente del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, dando por descontada una aprobación de la ley. Desde la oposición, en cambio, se encontraban anoche sumidos en un intenso debate sobre la postura que tomarán en el tema: el radicalismo se debatía entre un dictamen propio, es decir rechazar el proyecto kirchnerista o acompañarlo en general y votar en disidencia en particular. El Frente Amplio Progresista se inclinó por esta segunda opción. El interbloque del Peronismo Federal tenía pendiente una reunión, pero remarcaban ayer que era un espacio “heterogéneo”.

“Nuestro límite es mañana (por hoy) a la noche”, dijo, inflexible, el jefe del bloque K, Miguel Pichetto, cuando desde la oposición reclamaron ayer más tiempo para el tratamiento del proyecto en la comisión. La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro había presentado una extensa lista de personas para convocar entre los que se incluían gobernadores de provincias petroleras y ex secretarios de Energía. Si bien el kirchnerismo aprobó la presencia de todos aquellos que acepten concurrir al plenario de comisiones, Pichetto remarcó la necesidad de hacer un trámite “rápido” para que el miércoles próximo el tema llegue al recinto.

Los operadores parlamentarios del kirchnerismo estaban muy tranquilos respecto del famoso “porotómetro”. Cuentan con 33 votos “seguros” de su bancada y cuatro de sus cinco aliados estables. El restante es el ex presidente Carlos Menem, quien no apareció ayer por el Senado. Fuentes parlamentarias señalaron que probablemente no participe del debate en las comisiones ni en el recinto. Como responsable máximo de las privatizaciones durante su mandato, Menem podría utilizar una vez más un pedido de licencia por motivos de salud y así ahorrarse el momento. De todas maneras, no hacen falta mayorías especiales y solamente con los 37 votos ya podrían sancionar la ley, independientemente de lo que haga la oposición.

De todas maneras, se espera el acompañamiento del FAP y también de otros senadores que no pertenecen a la oposición dura, como el porteño Samuel Cabanchick, quien adelantó a Página/12 que acompañará en general y planteará sólo una diferencia en un artículo.

“Por supuesto, Repsol y Eskenazi son responsables del vaciamiento de la empresa. Pero el Gobierno y, en particular, el ministro Julio De Vido y el secretario de Energía, Daniel Cameron, son los corresponsables del vaciamiento de YPF”, arremetió ayer el jujeño Gerardo Morales, representante de la avanzada radical. Morales anticipó que el radicalismo rechazará el decreto presidencial que lo designa como interventor a De Vido. Además, el radicalismo reivindicó su oposición a la privatización por parte del peronismo durante los años ’90 y remarcó que fue el actual secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el miembro informante del proyecto de privatización. Morales, junto a otros senadores de su bancada, protagonizó los cruces más fuertes con De Vido, que incluyeron gritos e insultos del tipo “caradura” y “sinvergüenza” (ver aparte).

Al igual que con la estatización de Aerolíneas Argentinas y las AFJP, el socialista Rubén Giustiniani marcó algunas críticas, pero fue uno de los opositores que más coincidencias manifestaron con el proyecto oficial. “Esta decisión del gobierno nacional que ahora va en una dirección correcta es la contracara de la errónea política que llevó adelante en los últimos ocho años, que profundizó y consolidó la política energética del neoliberalismo y que, en un escenario de restricciones presupuestarias donde las importaciones ya no son una opción, ha hecho eclosión”, finalizó Giustiniani.

Desde el peronismo disidente no adelantaron una postura, pero tanto la puntana Liliana Negre de Alonso como la salteña Sonia Escudero manifestaron algunas críticas en la forma en que se lleva adelante el proceso e hicieron hincapié en el daño que provocará a la seguridad jurídica y en la relación con España. El interbloque comandado por Adolfo Rodríguez Saá no integra ninguna comisión, por lo que no participa en la firma del dictamen. Recién fijará una posición en una reunión convocada para el martes próximo. De todas maneras, deslizaron que podían dar “libertad de acción” y que algunos tenían intenciones de acompañar en general.