La relación entre la corporación judicial de Mendoza y los militares que implementaron el terrorismo de Estado en Cuyo no deja de deparar sorpresas. La última surgió de un aviso fúnebre que publicó el diario Los Andes. El finado es (era) el general Mario Ramón Lépori, que ocupó altos cargos en la estructura de la represión ilegal, fue indultado en 1989 y murió sin condena porque problemas de salud propios de sus 87 años le permitieron ser excluido de su primer juicio por secuestros y torturas. Quien lo despidió “con dolor” es Alejandro Pérez Hualde, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza desde 2004, cargo con el que lo honró el entonces gobernador Julio Cobos. “Con profundo pesar” también despidió al represor el padre del juez, el constitucionalista Dardo Pérez Guilhou, ex ministro de Educación durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Lépori fue subjefe de la subzona militar 33 en 1977 y segundo comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VIII en 1979. Estuvo procesado en los ’80, recuperó la impunidad por el indulto, volvió al banquillo el año pasado, pero quedó fuera de juego antes de la sentencia. Pérez Hualde integra el máximo tribunal de Mendoza desde 2004. Afiliado radical, hasta entonces era asesor de Cobos. Más previsible fue la despedida de Pérez Guilhou, ministro de Onganía desde 1969, a tres años de la Noche de los Bastones Largos. El periodista Jorge Hirschbrand reveló en febrero que el dictador Jorge Videla le ofreció ser ministro de la misma cartera. El abogado rechazó el cargo, pero no se privó de publicar una serie de artículos legitimando el golpe de Estado.