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La defensa del proyecto de recuperación de YPF en el Senado tuvo, en la mayoría de los discursos, un nombre propio como eje argumental: Repsol. Sin embargo, al empezar a debatir sobre el futuro de la petrolera bajo control estatal, es necesario considerar que la política depredatoria del recurso no ha sido un vicio exclusivo de la empresa española. El afán desmedido de lucro, y obtenerlo lo más rápido posible, es parte de esta lógica empresaria, exacerbada por un modelo neoliberal en el que predomina el criterio financiero. Otras empresas aplican la misma conducta en hidrocarburos, minería o en los agronegocios, aunque en el caso de Repsol el impacto final se hizo visible anticipadamente.

La decisión de expropiar el paquete de control de YPF es, como dijo en el recinto el senador Marcelo Fuentes, “el corolario lógico, el derivado consecuente y la necesidad imperiosa de concretar en materia energética la reversión de los paradigmas del modelo neoliberal”. A partir de este paso histórico, que pretende ser “una bisagra histórica” (Fuentes), se abre la discusión de cuál va a ser el modelo de empresa que va a predominar en la nueva política petrolera, con una empresa bajo control estatal y otras privadas bajo un más firme mecanismo de regulación. En eso consiste “revertir los paradigmas”.

No es ocioso mencionar que aquella política de renta fácil y rápida es contraria al interés público nacional, en tanto agota el recurso y daña las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. Pero es la que durante años aplicaron empresas que ahora se entrevistan con el interventor de YPF ofreciendo “buena voluntad” para invertir y desarrollar proyectos extractivos. Es la que aplican las empresas mineras (como recordaba en un reciente artículo el ex titular del INTI Enrique Martínez), que extraen el cobre y lo exportan concentrado, dejando en manos y empresas del exterior toda la elaboración posterior, mientras el país sigue importando cientos de productos industriales elaborados en base a cobre. En el caso del petróleo, cita el mismo artículo, tampoco se computan en la balanza comercial de los hidrocarburos los múltiples derivados que el país importa en cantidad (herbicidas, fertilizantes, plásticos, intermediarios para colorantes, entre otros), porque en ese caso el resultado habría dado negativo no recién en 2011, sino “desde siempre”.

Además de la expropiación, el proyecto de ley que se vota en el Congreso declara “de interés público nacional” el autoabastecimiento de hidrocarburos y sus actividades conexas, incluida la industrialización, “a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo y el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos” (art. 1º).

El fiel cumplimiento de este mandato supondría cambiar la lógica actualmente imperante: en vez de dar incentivos a las petroleras para producir más hasta lograr el autoabastecimiento y permitirles exportar el excedente como premio, primero habría que definir qué se entiende por autoabastecimiento. Si ésta es sólo la demanda de combustibles o también incluye las necesidades para atender el desarrollo de cadenas productivas que reemplacen la cuantiosa importación de derivados. Es decir, producir insumos para mejorar la competitividad, crear empleo y desarrollar la economía, como dice el proyecto. Y bien medido, sería un aporte más significativo a la balanza comercial que la inconveniente exportación de crudo por parte de un país en el que no abundan las reservas.