La Justicia procesó ayer a ex funcionarios de la Cancillería por el delito de “administración fraudulenta”, por el presunto pago de sobreprecios en el alquiler de computadoras para la Cumbre Iberoamericana que se realizó en Mar del Plata en 2010. El juez federal Ariel Lijo dictó procesamientos y embargos por tres millones de pesos contra un grupo de funcionarios de la Cancillería encabezados por Hernán Orduna, quien fue secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. El origen de la causa fue una denuncia realizada por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa a partir de una nota periodística, donde se hablaba del supuesto pago de sobreprecios en una licitación realizada por la Cancillería para contratar los equipos informáticos de audio y video utilizados en la Cumbre que se realizó en Mar del Plata en diciembre de 2010. Poco antes del inicio del evento se habría contratado a la empresa Punto Baires por 6.045.756 pesos pese a que otra de las firmas participantes de la licitación ofertó la mitad y que la Sigen estimó los costos en 2.600.000 de pesos, según se detalla en la causa. Así, el contrato determinó que se alquilaran 370 computadoras a un precio cercano a los 6600 pesos cada una para los más de dos mil asistentes, cuando el valor de mercado cercaba los 2500 pesos, señala la resolución del juez Lijo.