Pedro Blaquier volvió a ser convocado por la Justicia por su presunta complicidad con delitos de lesa humanidad cometidos durante la llamada Noche del Apagón, en 1976. Luego de evaluar los informes de los peritos del Cuerpo Médico Forense, de las querellas y de la defensa, el juez federal Fernando Poviña entendió que el empresario azucarero está en condiciones físicas de declarar y resolvió citarlo nuevamente a indagatoria para el 10 de julio próximo, a las 8 de la mañana. La otra novedad es que le tomará declaración en San Salvador de Jujuy –y no en Buenos Aires–, como solicitó la querella de los organismos de derechos humanos: “Para nosotros es importante que Blaquier declare en Jujuy y tenga que dar explicaciones aquí, ante la gente de aquí”, dice Hilda Figueroa, una de las víctimas de la Noche del Apagón. En tanto, para enfrentar lo que parece un largo camino judicial, el empresario acaba de hacer un nuevo movimiento que puso en conocimiento del juzgado: su abogado y ex juez federal de la provincia, Horacio Aguilar, acaba de sumar como socio y defensor de Blaquier al abogado Jorge Valerga Aráoz, ex camarista del Juicio a las Juntas (ver aparte).

El 10 de julio, Blaquier contará con una infraestructura médica que le garantice buenas condiciones de salud. El requisito no lo pidió especialmente el médico de parte, ni el del Cuerpo Médico Forense, sino el médico Claudio Capuano, perito de la querella, de la fiscalía de Domingo Batule y de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración, a cargo de Jorge Auat. A raíz de sus sugerencias, el juzgado pondrá en la puerta del edificio una ambulancia y una mochila de oxígeno por si se presenta alguna dificultad.

La indagatoria está prevista para las 8 de la mañana y se hará en el marco de las dos causas en las que es investigado. En ambas se lo convoca por su –en términos legales– presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y de tormentos. En el primero de los casos es por los secuestros y desapariciones de la Noche del Apagón, que se sucedieron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en Ledesma, Calilegua y General San Martín, las tres localidades que entonces componían la zona de influencia del ingenio. La otra causa es la referida al ex intendente de General San Martín, Luis Arédez, secuestrado en mayo de 1977 y aún desaparecido.

El empresario Blaquier había sido convocado para declarar por esas causas el 18 de mayo pasado, pero cuando llegó el momento de hacerlo, mientras las organizaciones políticas y los organismos de derechos humanos preparaban una movilización para esperar una presentación exigida desde hace más de 35 años, sus abogados llevaron un escrito al juzgado en el que indicaron que no iba a asistir por problemas cardíacos, por los cuales debía ser tratado en el exterior. Lo que siguió fue digno de una novela. El primer empresario del país convocado en el contexto de una causa de lesa humanidad para dar cuenta de los términos de su asociación con la dictadura ya había dejado el país, en un trámite que sólo se hizo público gracias a la información que difundieron los medios no hegemónicos, incluido este diario. Mientras Blaquier pasaba de Inglaterra a Francia, el juzgado de Poviña les indicó a sus abogados que por “única vez” posponía la indagatoria y envió con carácter “muy urgente” a los peritos de la Corte a examinarlo. Las querellas y la fiscalía pusieron sus refuerzos en el examen que finalmente se hizo en Buenos Aires, en la sede del Cuerpo Médico Forense, y contó con dos evaluaciones. Al finalizar, el Cuerpo Médico indicó que Blaquier está en condiciones de declarar. Capuano sugirió lo mismo. Lo mismo sucedió con los médicos de la defensa que, sin embargo, explicaron que necesitan un tiempo para agregar algunas condiciones. El juzgado esperó una semana para que lo hagan y, viendo que no lo hacían, decidió cerrar el asunto por su gravedad, y convocarlo.

La cita del 10 de julio coincide con uno de los momentos más esperados en el calendario de los juicios de lesa humanidad: el 12 empieza en la capital jujeña el primer juicio oral de la provincia, cuyo inicio se demoró durante años por la política de dilación de las causas que llevó adelante hasta el mes de marzo el único juez federal que estuvo a cargo de los procesos y aún permanece como secretario de uno de los juzgados, Carlos Olivera Pastor. Como sucedió para la primera convocatoria a indagatoria, el juzgado les pidió a los responsables políticos de las organizaciones territoriales que intenten dejar liberadas las calles de acceso al edificio del juzgado, para que Blaquier o sus abogados no encuentren obstáculos o una excusa para no acercarse. En mayo, las organizaciones que marcharon en repudio porque el empresario no se había presentado se manifestaron a partir del movimiento encabezado por Milagro Sala y los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Planificaron una concentración desde las afueras de la capital y confluyeron en la plaza del centro político, con un acto multitudinario. En ningún momento atravesaron la zona del juzgado.

Hilda Figueroa, integrante de los organismos de derechos humanos, dice que todos los viernes se preguntan por este tema. Cada vez que se reúnen. “¿Y? ¿Va a venir? ¿Está o no está en condiciones? Nosotros esperamos que venga porque queremos mirarle la cara –dice–, pero también queremos que vea qué nos pasó. Se habló de que la indagatoria podía verse por videoconferencia, pero yo digo que si está en condiciones de pedirse empanadas a través de uno de los aviones que tiene acá, se las hace llevar desde acá de Jujuy para comer un domingo allá, como un delivery, ¿no va a venir? Tiene que venir porque realmente no es lo mismo una videoconferencia a que venga. Ahora tiene todas las garantías del Estado de derecho, que nos vea cómo estamos.”