Seis carpetas con información inédita relativa a la Masacre de Trelew fueron integradas como prueba en el juicio que lleva el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia para determinar las responsabilidades de un grupo de militares en los fusilamientos de 16 presos políticos, cometidos el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de aquella ciudad chubutense. Los papeles estaban escondidos en un pequeño cuarto de un depósito de la Armada que permaneció cerrado bajo llave hasta hace unos meses. Los documentos estaban catalogados como información “secreta”. Para las querellas que intervienen en el juicio, las carpetas son “muy valiosas”. Se trata, en gran parte, de copias de los expedientes de las demandas civiles que familiares de algunas de las víctimas realizaron contra la Armada no bien se cometieron los crímenes y que atesoró la defensa jurídica de las Fuerzas Armadas. Testimonios inéditos y anotaciones personales de los abogados militares en las que reconocerían la responsabilidad de los marinos en los hechos son los aportes más importantes de los hallazgos, ocultos durante casi 40 años.

A principios de la semana pasada, el TOF integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella puso a disposición de las partes que intervienen en el juicio por la Masacre de Trelew una parva de papeles amarillentos que había recibido en mano del Ministerio de Defensa. Fue la respuesta que esa cartera ofreció al tercer pedido realizado por los magistrados sobre el sumario militar 1/72, la investigación de fajina que Jorge Bautista, acusado de encubridor en el juicio, elaboró sobre los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, además del intento de asesinato de María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps, sobrevivientes.

Tras poco más de dos años de trabajo de investigación, la Dirección de Derechos Humanos de la cartera dirigida por Arturo Puricelli halló en el depósito de documentación de la Armada “expedientes, carpetas, papeles sueltos con el sello de ‘secreto’”, describió la titular de ese organismo, Stella Segado (ver aparte). Mezcladas entre esa información clasificada, descansaban las seis carpetas que viajaron a Rawson y que contienen, en concreto, el seguimiento que realizó la Armada de los juicios civiles que familiares de algunas de las víctimas iniciaron a miembros de la fuerza por los fusilamientos (ver aparte). Las carpetas poseen fotocopias de dictámenes, de presentaciones realizadas por las partes en esos juicios y de pericias, además de anotaciones personales de los abogados que defendieron a los militares acusados en esas investigaciones. Gran parte de los señalados en aquellas denuncias coincide con los que están siendo acusados en el juicio actual: los militares retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, además del ex teniente Guillermo Bravo.

Según un primer análisis realizado por las querellas son dos, por el momento, los datos más relevantes que surgen de esos documentos. Por un lado, la declaración que Raúl Herrera –un capitán de la Armada que se desempeñaba como contador dentro de la estructura militar y que según la acusación fue partícipe de los fusilamientos– dio ante la Justicia civil. Es importante porque es la primera palabra de Herrera sobre los hechos que podrá leerse: está muerto. Por esa razón no está acusado hoy.

“Era el único de los acusados que entonces quedaba en Argentina al momento de la investigación civil, su testimonio certifica que la gran mayoría de los partícipes de los asesinatos fueron trasladados por la Armada al exterior”, detalló Germán Kexel, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La “huida” de personajes como Bravo, Sosa o Del Real “queda demostrada en varios papeles de esas carpetas. También el hecho de que la fuerza hizo todo lo posible por que no declaren, siquiera a la distancia”, remarcó. En su testimonio, Herrera da su punto de vista de los hechos que, si bien se adecua a la “versión oficial” que ubica a los fusilamientos como una reacción a un intento de fuga de parte de los presos políticos, “plantea algunas fisuras que sirven para solventar la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos”, mencionó el abogado.

Por otro lado, existe entre los papeles de trabajo de los abogados de la Armada un dictamen escrito de puño y letra por Jorge Ibarborde, uno de ellos, y presentado en el marco del juicio civil iniciado por la familia de Sabelli. Allí, el letrado recomienda que el Estado –en esos tiempos bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse– “se allane” a las denuncias, se declare culpable de las muertes. “Llego a la conclusión de que el juicio probablemente se encuentre perdido para el Estado nacional (ya que) las pruebas producidas traen un relativo conocimiento sobre la falta de intención de fugarse por parte de Sabelli (lo) que la convierte en víctima inocente”, apunta el escrito y concluye: “Teniendo en cuenta la imagen perjudicial ante la opinión pública que traería una sentencia condenatoria, deberíamos allanarnos”.

“Jurídicamente, el aporte de los expedientes es muy importante ya que demuestra todo lo que los abogados de la Marina trabajaron para tratar de que la causa no trascendiera al ámbito político. Los documentos son valiosos porque en ellos los abogados de la Armada reconocen que sus defendidos mataron a los dieciséis presos políticos en la Base”, sostuvo Mariano Rico, colega de Kexel.

El fiscal de Rawson, Fernando Gelvez –quien comparte la posición con su par de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz–, entendió que las carpetas son “una pieza más en el rompecabezas de los hechos que obtendrá su verdadero valor al ser puesta en relación con el resto de las pericias y testimonios” en la etapa de los alegatos.

“Las constancias de los abogados de la Armada dan por perdidos los juicios debido a que las pruebas aportadas en la investigación eran suficientes para determinar sus culpas”, dice Eduardo Hualpa, uno de los letrados a cargo de la querella de los familiares de las víctimas de la masacre. Para Hualpa, las seis carpetas “son información original de registros que la Armada realizó sobre la investigación que miembros de la fuerza debieron afrontar como acusados de cometer los fusilamientos de Trelew que demuestra que esos procesos judiciales realmente existieron”. Hasta el momento, sólo las pruebas aportadas por la testigo Alicia Bonet, compañera del militante asesinado, hablaban de esos juicios, de cuya existencia la Justicia tiene constancia pero no documentación: “La incineraron, se destruyó”, mencionó Hualpa. Rico, en tanto, consideró que los papeles son “fundamentales” para “apuntalar” la hipótesis de la secretaría: que la masacre fue “parte de una política de Estado de perseguir, reprimir y eliminar a todo actor político que hubiera en la sociedad y que se opusiera a su dirección”.

Parte de los documentos aportados a la Justicia por la Dirección de Derechos Humanos, de Defensa.