Desde San Salvador de Jujuy

La lectura de los cargos para los acusados es uno de los ejes más importantes de cualquier primera jornada de juicio. Sin la lectura de cargos no puede empezar el debate. En Jujuy la lectura de esos crímenes para tres acusados –que en cualquier otro lugar podrían haber demorado unas tres horas– se convirtió en un pozo de arenas movedizas que en ocasiones pareció dispuesto a tragarse de un golpe todo lo que costó llegar hasta aquí. El primer juicio de lesa humanidad en esta provincia finalmente arrancó. En la sala de audiencias estuvieron las imágenes de los desaparecidos desplegadas como banderas frente a los represores. Estaban las hijas que por primera vez les veían las caras a quienes se habían llevado a sus padres, y quienes todavía no pueden creer haber llegado hasta aquí. Pero en ese contexto el debate se frenó varias veces, hubo cuartos intermedios interminables, idas y vueltas de un acusado del hospital a la sala, y temas de conexión con el debate. La escena que mostró las explicaciones de por qué hasta hace tres días se buscó la manera de chequear los partes médicos que absolvían de su presencia a los represores que no querían estar en la sala parecía ilustrar en una perfecta imagen en vivo las tensiones que llevaron a la demora infinita de este inicio y lo mucho que todavía queda de acá en más.

Cuando la audiencia llevaba algo más de dos horas de lectura y cuatro de intervalos de descanso, el presidente del Tribunal Oral Federal, René Casas, volvió a convocar a todos a la sala. Eran ya las tres de la tarde. Alguien dijo algo sobre un nuevo problema y el tribunal volvió a suspender el juicio una vez más. “¡Es una burla!”, dijo con la voz que sacó del pecho Adriana Arédez, parada en medio de la sala, con la foto de su padre levantada en las manos. La hija del ex intendente de General San Martín Luis Arédez, una de las víctimas de esta causa, dijo más: “¡Esto no puede ser! ¡Treinta y seis años hemos esperado para esto!”.

El juicio empezó a las nueve de la mañana. Desde las ocho, Jujuy tenía desplegados sus dos frentes internos, que a estas alturas funcionan como mecanismos de reaseguro para estos casos. Afuera de la sala, las agrupaciones de la Tupac Amaru avanzaban por las calles y preparaban con las banderas y los cuerpos el comienzo del juicio. Adentro de la sala, empezaban a congregarse los organismos de derechos humanos. Los que llegaban de Buenos Aires como Taty Almeida de Madres-Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares y ex detenidos políticos. Y los jujeños, sobrevivientes, ex detenidos, viudas de los desaparecidos y sus hijos.

Mariana, la hija de Julio Alvarez García, se puso en las filas de adelante. Le veía por primera vez la cara a Mariano Rafael Braga, “Cara cortada”, que en agosto de 1976 encañonó a los que estaban en la casa para llevarse a su padre. La foto de Julio estaba a un costado, como si estuviese ahí mismo haciéndose un espacio. Eva Arroyo, de HIJOS, estaba en la fila de atrás. A la mañana se levantó pensando en su padre. “Son sentimientos confusos –decía–, porque por un lado esto es el placer de hacerlos rendir explicaciones, sentarlos y condenarlos, y a la vez es una tristeza, porque la verdad es que yo hubiese querido que mi viejo esté acá para verlo.”

Adriana Arédez, con el pañuelo en la cabeza, replicaba la imagen de Olga, su madre. “Para mí es maravilloso verle la cara al genocida de Bulgheroni, con treinta años más, por supuesto, y poder pararme enfrente y mostrarle la foto de mi viejo, aunque sé de todos modos que para él no es nada, por supuesto porque da vuelta la cara.”

Mientras pasaban las horas, el debate que arrancó empezó a complicarse por las discusiones en torno de la presencia de uno de los detenidos: la sala, los querellantes y los fiscales que sostuvieron el avance.

La ciénaga

El juicio contiene cinco expedientes por 43 víctimas, de distintos territorios y procedencias políticas: militantes del PC, de la Juventud Peronista, trabajadores del ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Llegaron a juicio sólo cuatro acusados. Luciano Benjamín Menéndez quedó apartado por razones de salud. Y los tres represores locales: algunas de las caras más simbólicas de la represión todavía están con vida. Antonio Orlando Vargas es el ex interventor del servicio penitenciario de Villa Gorriti, la cárcel que funcionó con la lógica de centro clandestino. José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga tenían cargos de tenientes, integraron las patotas de secuestros e interrogatorios y están acusados de privación ilegal de la libertad y homicidios.

Bulgheroni y Braga llegaron temprano a la sala. Braga con un enorme par de anteojos negros de sol que nunca se sacó. Se tapó con una bufanda a cuadritos durante toda la audiencia esa parte más baja de la cara, marcada por la enorme cicatriz por la que los sobrevivientes siempre lo llamaron Cara cortada. Bulgheroni pasó el tiempo con el cuerpo doblado en dos partes, como escondiéndose de los estandartes de la sala.

Vargas nunca estuvo demasiado tiempo, pero llegó. Apenas empezó la audiencia, los defensores del hombre sobre el que pesa buena parte de las causas –la de Luis Arédez pero también la de Avelino Bazán– anunciaron que estaba internado por un cuadro de neumonía basal. A partir de ese momento se desató una tormenta. Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo –entrenados en dilaciones– pidieron un perito del Cuerpo Médico Forense para chequear esa información porque, dijeron, “sabemos de las maniobras que existieron hasta acá para dilatar el juicio”.

Hasta tres días antes, era Bulgheroni el que supuestamente no podía estar en la sala por otro examen médico. Una información que fue corregida con un nuevo examen el fin de semana pasada. Cuando Vargas parecía repetir el mismo camino, a la fiscalía se sumaron las voces de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la de los abogados de Arédez y el Codesedh.

Vargas finalmente llegó a la sala, aunque estuvo por un rato. Lo trajeron con médico y oxígeno, pero después de dos horas de lectura se lo volvieron a llevar al hospital San Roque. Allí quedó instalado un equipo de transmisión para que él pudiera seguir la lectura desde la cama, pero entre una y otra decisión pasó toda la audiencia.

En ese sentido, el tribunal funcionó bajo el fuego de las querellas y de los fiscales pero además bajo lo que quedó planteado como su propio fuego interno, en una escena que vale la pena mirar. El tribunal está integrado por tres jueces y una jueza suplente. El presidente es René Casas, jujeño; luego están Mario Marcelo Juárez Almaraz de Salta y Daniel Morin, designado por Casación en Buenos Aires. La jueza suplente es Fátima Ruiz López. Casas y Juárez Almaraz son los que funcionan de locales. Solían hacerse las consultas mutuamente. Incluso cuando tenían que decidir si llevar a Vargas o no a la sala. Finalmente lo aceptaron, pero antes escucharon la voz del tercero de los jueces: Morín tomó delicadamente el micrófono y dijo: “Esto es una decisión que tiene que tomar todo el tribunal”.

Entre unos y otros momentos, Enriqueta de Narváez, con el pañuelo de las Madres atado en la cabeza, dejó la silla para irse de la sala: “¿Qué sensación tengo?”, decía. “Vergüenza tengo, por los payasos que han traído: porque al final ¿a quién vienen a defender, a los asesinos, a los criminales? Treinta y seis años para venir a escuchar esto: éstos se han equivocado de teatro, tendrían que haberlos llevado al Colón.”

El final

La sala volvió a los tiempos normales de otros juicios después de las seis de la tarde. Los abogados plantearon las cuestiones preliminares y entre ellas la defensa de Braga recusó al fiscal Pelazzo, porque antes fue abogado de las querellas. Ese fue otro de los momentos de los fuegos cruzados. En este caso intervino el fiscal Jorge Auat, coordinador de la Unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración. Ya lo había hecho antes, cuando el tribunal quería volver a detener la audiencia por otra hora siempre por el mismo tema de Vargas. Auat, que llegó para reforzar este comienzo, había dicho en ese momento lo que a esa altura aparecía más cercano a la cordura que a las ganas de terminar con lo que se hundía en una especie de pesadilla: por el modo en el que se elevó la causa, con sus cinco expedientes, era posible separar a Vargas de este comienzo y seguir con los otros acusados sin continuar interrumpiendo el debate. Es decir, era hora de que los tiempos de la audiencia dejaran de marcarlos los acusados. En este caso, habló de Pelazzo. Dijo que un abogado de las querellas no es el querellante. Explicó diferencias entre nuevos y viejos códigos y se detuvo en las excepciones que las mismas leyes contemplan, pero que la defensa casualmente no había mencionado. El tribunal finalmente no aceptó la recusación. Y hoy será tiempo de que declaren los imputados. Luego de eso, empiezan a escucharse las voces de las víctimas y de los testigos. Inés Peña va a ser la primera en declarar. Inés es la madre de Mariana, la compañera de Julio Rolando Alvarez García y una de las referentes de los organismos de derechos humanos cuya voz se ha sentido más en todos estos años.

“Me siento como que esto era una utopía que al final se está cumpliendo –dice ella–: un sueño de los que nosotros teníamos en la década del ’70 de alcanzar cosas como esto, me parece que la utopía se va a cumplir, y eso también va a depender de las penas.”