Si los socios de Comunicaciones pudieran vender el predio del club, o rematarlo, obtendrían el dinero suficiente como para pagar las deudas de la institución y les sobraría para comprar otro amplio espacio en la ciudad para seguir con sus actividades. Pero no pueden porque el club está desde hace doce años en un proceso de quiebra, con una sentencia que desestimó la propuesta de los socios y del Gobierno de la Ciudad, respaldada por una ley sancionada por la Legislatura, y aceptó una oferta de la Mutual de Camioneros, que responde al jefe de la CGT, Hugo Moyano. Los socios, que durante más de diez años sostuvieron a pulmón las actividades deportivas del club, para mantener con vida la institución, reprochan a la intervención judicial el poco compromiso por aprovechar los balances positivos que hubieran permitido reducir la deuda hasta sanear el club. Creen que, desde el vamos, la idea era liquidarlo: la sentencia no estaba escrita, pero el final parecía decidido desde un comienzo, dicen. Ahora, cuando juegan su última carta a la apelación –en manos de la Cámara Civil–, apuestan a una intervención del gobierno nacional: es que por una ley del Congreso de la Nación, sancionada en 1954, el Estado le cedió al club ese predio de 16 hectáreas, para el desarrollo de sus actividades sociales y deportivas.

Los números que exhiben los socios son capaces de indignar al afiliado más indiferente. Según datos del Ministerio de Hacienda porteño de 2006, el predio de Comunicaciones está valuado en 167 millones de dólares, más incluso que el de River (162 millones), que tiene una extensión menor, pero su precio por metro cuadrado es más alto. Le siguen en valuación San Lorenzo (el predio del Bajo Flores, de 25,5 hectáreas, fue valuado en 80 millones de dólares); Vélez Sarsfield (9 hectáreas en Liniers, 43,8 millones) y Ferro (3,5 hectáreas en Caballito, 36 millones de dólares).

Cuando se decretó la quiebra, en 2000, el club tenía una deuda de 35 millones. “Pero con el esfuerzo de la comunidad del club se logró reducir a 11 millones”, cuenta a este diario César González, secretario de la asociación civil Todos x Comu. Esto se obtuvo, explica, después de lograr, por gestión de los socios, la condonación de las deudas por Alumbrado Barrido y Limpieza, durante la gestión Aníbal Ibarra en el gobierno porteño, y por las cargas sociales a la AFIP. Al saneamiento financiero contribuyó además el aporte de Fútbol para Todos que recibe el club, que milita en la Primera B Metropolitana.

Pero esa deuda de 11 millones es, en su mayoría, por juicios laborales. Ese es el monto que ofertaron el Gobierno de la Ciudad, por un lado, y los Camioneros, por otro, para cubrir el pasivo. Y sobre esa suma, cada uno hizo una propuesta de inversión adicional: la de Moyano superó ampliamente a la de Macri. “Pero esa es una oferta de difícil cumplimiento porque en cuanto asuma el control del club, nada lo obliga a hacer esa inversión”, advierte González.

Desconfiados, los socios de Todos x Comu sospechan que la sintonía política entre Macri y Moyano les jugó en contra: si bien la Ciudad cumplió con el mandato de la ley, armó una propuesta e hizo una oferta, creen que es probable que el líder de los camioneros hubiera conocido de antemano la oferta del gobierno porteño. “Moyano se reunió con el ministro (Francisco) Cabrera”, denunció la diputada Delia Bisutti.

La propuesta que presentó la Ciudad contemplaba el pago de los 11 millones de deuda más otros 14 millones de pesos para la construcción de un microestadio en las seis hectáreas, que a cambio del aporte en dinero, recibiría la Ciudad. De esa manera, la Ciudad pagaría por adelantado el uso que hace del club en épocas de colonias de vacaciones. Y le entregaría el manejo de la institución, por 99 años, a la asociación civil, que debería redactar un nuevo estatuto y llamar a elecciones.

Camioneros dobló la apuesta: les sumó a los 11 millones la promesa de invertir otros 40 en el club y de incorporar a los 2900 socios que hoy tiene la institución sin pagar cuota durante un año. La inversión treparía así a unos 55 millones de pesos. El juez en lo Comercial Fernando D’Alessandro dispuso, en diciembre del año pasado, que el club quede en manos de Moyano. Pero su fallo fue apelado por el Gobierno de la Ciudad.

Para los socios, el objetivo de la intervención judicial “no era sanear el club para devolverlo a los socios sino conseguir alguien que lo administre: ya venían con la solución en el bolsillo”, advirtió González.

“Nos quedó claro después de que el juez rechazó la propuesta que hicieron los socios, nucleados en la asociación civil, para sanear la deuda en un plazo de tres años”, agregó Gustavo Pisos, director del área de Gimnasia Deportiva y miembro de la asociación.

Con su propuesta, Moyano no sólo obtendría un espacio privilegiado para los afiliados de su mutual. Además, cumpliría su sueño de poner un pie en la Asociación del Fútbol Argentino. Hay incluso quien piensa que Camioneros puede llegar a enajenar en un futuro parte de las tierras para concretar un proyecto inmobiliario.

Dentro del club, mientras tanto, continúa la tarea silenciosa de socios y deportistas. Son 17 los deportes federados que lograron sobrevivir o renacer después de la quiebra, y continúa de manera sustentable –un requisito que les impuso la intervención judicial– es decir, generando los recursos para su mantenimiento.