La Legislatura bonaerense se apresta para un segundo semestre agitado tras el receso invernal. El kirchnerismo no sólo impulsará el debate sobre el futuro de las concesiones y el canon que aportarán los bingos y salas de juego al Estado provincial, sino que también tendrá el tema de la seguridad entre sus prioridades. Los legisladores debatirán la creación de la policía judicial, donde la iniciativa promovida por la Comisión Provincial por la Memoria ganó consenso entre la mayoría de las fuerzas parlamentarias, recogió adhesiones en los foros que organizó el Senado a través del vicegobernador Gabriel Mariotto y hasta terminó por destrabar la resistencia que ofrecía el propio gobierno de Daniel Scioli. Un debate que pondrá bajo la lupa desde la “capacidad para investigar” hasta la “complicidad con el delito” de la Policía Bonaerense. Distinta será la discusión sobre las policías municipales, donde el kirchnerismo y sus aliados que empujan su creación rechazan el proyecto del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que traslada la responsabilidad política a los intendentes pero mantiene la cuestionada cadena de mando entre las futuras policías locales y la conducción de la Bonaerense.

Investigadores desmilitarizados

Legisladores de distintos signo político valoran el “consenso político-institucional” alcanzado alrededor de la creación de la policía judicial en el territorio bonaerense. Aunque las coincidencias tienen fundamento en los desaciertos y fracasos del propio sistema institucional –judicial y policial– para resolver y esclarecer delitos de cierta complejidad. Este será uno de los debates que priorizará la Legislatura provincial tras el receso invernal.

Las conclusiones a las que arribe la comisión especial del Senado provincial sobre el Caso Candela, cuyo dictamen preliminar se conocerá durante agosto, serán un aporte a la discusión, donde –según afirman los propios legisladores– “estarán expuestas y bajo sospecha la capacidad para investigar y la complicidad con el delito de la Bonaerense”. Pero tampoco saldrá indemne la Justicia.

La Convergencia para la Democratización de la Justicia –articulada en torno de la Comisión Provincial por la Memoria– elaboró el proyecto de ley original que luego tomó el Ejecutivo provincial, al que introdujo algunas modificaciones con cierto nivel de consenso y que ahora llegará al ámbito legislativo. La iniciativa propone crear la Policía Judicial como una institución de “naturaleza civil no militarizada” del Poder Judicial, que dependerá “orgánica y funcionalmente” de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, y ya no del poder político provincial.

Entre sus competencias tendrá los casos de delitos de ciertas “características”, “complejidad requerida para su investigación” y la “estructura organizativa de sus autores”, y para los cuales los fiscales requieran de su intervención. Así como la “investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso”. Además de “ilícitos cometidos por públicos o miembros de las fuerzas de seguridad”.

Según el texto del proyecto, la policía judicial establecerá relaciones de “cooperación y coordinación” con el resto de las policías que dependen del Ejecutivo, pero de las cuales no tendrá “dependencia funcional ni subordinación operativa”. Entre sus funciones podrá interrogar a testigos que estén bajo juramento judicial y solicitar la separación de fuerzas de seguridad que puedan entorpecer la investigación.

Estará comandada por un director y un subdirector que deberán completar los mismos requisitos exigidos para un juez de Cámara de Apelación y de un juez de Primera Instancia, respectivamente, a través de un concurso de méritos y antecedentes. La duración en los cargos será de seis años sin posibilidades de ser elegido para un período siguiente. La integración de equipos interdisciplinarios deberán contar “como mínimo” con abogados, criminalistas, médicos y químicos forenses, especialistas en investigación tecnológica, técnicos en escena del crimen y levantamiento de rastros, contadores y psicólogos.

De todas maneras, se sumarán al debate parlamentario las objeciones que surgieron de los foros que Mariotto organizó en todo el territorio provincial y del que participaron siete mil personas, entre legisladores nacionales y provinciales, intendentes, jueces y fiscales de todos los fueros, organizaciones sociales y de derechos humanos y miembros de fuerzas de seguridad.

Allí se plantearon modificaciones sobre el ámbito de competencia y funcionamiento de la policía judicial, así como el procedimiento de selección de sus futuros miembros, la creación de un observatorio parlamentario y el control sobre los fondos reservados. Aunque el consenso mayoritario expresado por todos es que se apruebe la ley para su creación.

Intendentes comisarios

La discusión sobre la creación de las policías municipales, en cambio, aparece más incierta en medio de un enfrentamiento entre el kirchnerismo y sus aliados, que quieren descentralizar la Bonaerense, y el gobierno provincial, que la quiere unificada y bajo su mando. El diputado de Nuevo Encuentro y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno de Néstor Kirchner, Marcelo Saín, presentó un proyecto de 150 artículos para la creación de las policías comunales en los distritos bonaerenses con más de cien mil habitantes. Según explica el propio Saín, de acuerdo con el Censo 2010, abarcaría 35 municipios donde “conviven ocho de cada diez bonaerenses, casi 13 millones de personas en sólo el 9 por ciento de la superficie total del territorio provincial”.

La iniciativa plantea la creación de una nueva fuerza en la órbita comunal “abocada en forma exclusiva al control policial preventivo municipal, con mando directo en cada intendente y una fuerte participación comunitaria en el control y la gestión de la seguridad pública”.

El ministro Casal contrapuso su propio proyecto de quince artículos, donde se crea una policía municipal en la que traslada la responsabilidad política a los jefes comunales, pero mantiene la cadena de mando centralizada desde el poder político provincial.

“Ese esquema de descentralización no existe: propone que cada intendente se haga cargo junto con el gobernador pero no le da el manejo de nada. El manejo de la calle y la recaudación ilegal van a seguir en manos de la Bonaerense”, afirmó Saín para replicar la propuesta de Casal. El diputado de NE, en tanto, reafirmó los fundamentos de su propia iniciativa: “Buscamos dar el puntapié para ir a fondo en la reforma de una de las instituciones que permanece casi sin cambios desde la vuelta de la democracia y con fuertes resabios ideológicos de la última dictadura”.

Entre los legisladores kirchneristas que respaldan la iniciativa de Saín también surgieron dudas. Algunos miran con recelo que “ciertos barones del conurbano manejen directamente la policía”. “Hay distintas formas de encarar el tema de seguridad –insistieron ante Página/12– y hay intendentes que agravarían el problema si encima con una tendencia autoritaria manejaran la policía.” Desde NE, en cambio, sostienen que “no se puede pensar solamente en los actores para tomar decisiones de políticas públicas”.

Aunque algunos jefes comunales expresaron su deseo de tener una mayor autoridad sobre las policías locales, a la mayoría no le entusiasma la idea: no quieren atar su suerte política al desempeño de los comisarios de sus propios pueblos. Muchas de estas opiniones también fueron recogidas durante los debates sobre la creación de la policía judicial. El vicegobernador buscará exponerlos en un foro cuando la Legislatura comience a discutir los proyectos de policía municipal.