A Gualberto Solano le aseguraron que su hijo Daniel, desaparecido desde el 5 de noviembre pasado, dejó la localidad rionegrina de Choele Choel para viajar a Neuquén y luego se esfumó. Cuando siguió preguntando, le siguieron mintiendo: le dieron a entender que había ido con una mujer, que había sucumbido por el abuso de drogas ilegales. Daniel viajó en octubre del año pasado desde Tartagal, Salta, para trabajar en los manzanares del Valle Medio, junto a varios guaraníes de la Comunidad Cherenta. Fue visto por última vez rodeado de policías, en la puerta de un boliche. “Hace pocos días uno de los chicos que trabajó con él vino llorando y me admitió que lo obligaron a mentir”, asegura su padre, de paso por la ciudad de Buenos Aires, donde contactó a funcionarios nacionales. Por su perseverancia y la de sus abogados, hace dos semanas se cambió la carátula judicial de “desaparición de personas” a “investigación de homicidio” y siete policías fueron detenidos. Gualberto pide justicia y la restitución del cuerpo.

“Era la tercera vez que se iba a trabajar para la cosecha de manzana, no quería ir. En Tartagal había conseguido un buen trabajo en la construcción, que era lo suyo. Además, las condiciones en el sur eran muy malas. Me dijo que no tenía agua para bañarse y se lavaban en un canal, con agua helada. También me contó que les daban poca plata para comprarse comida y no les alcanzaba. Pero el puntero que lo llevó, Hugo (Domínguez), lo tentó con pagarle el doble”, recuerda Gualberto, acompañado por su hermano, Pablo. “Daniel era mi único varón, tenía cinco hermanas y las quería mucho”, dice.

La “empresa” que trasladó a su hijo y a otras sesenta personas se llama Agrocosecha Argentina SRL y todos sus directivos y punteros están acusados por la querella de encubrimiento y trata de personas y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. El destino final de la cuadrilla eran los campos de la empresa belga Expofrut. Allí, según afirman testigos de identidad reservada, Solano y los demás eran vigilados y amedrentados por agentes de la temida y polémica Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), disuelta por el gobernador Alberto Weretilneck.

Solano, desaparecido con 26 años, “era un muchacho emprendedor, ahorraba, les hacía regalos a sus hermanas y a su novia”, dice Gualberto, de 57 años, quien maneja maquinarias para la industria petrolera. “Su madre murió hace quince años. Todos en la familia luchamos para salir adelante y él todavía buscaba un trabajo estable. Tenía muchos amigos en la comunidad y se destacaba en el club de fútbol del barrio”, agrega. Por estos motivos él desconfió desde un principio de la versión compartida entre el fiscal Miguel Flores, la jueza Marisa Bosco y los abogados de Agrocosecha.

“No había motivos para que se fuera, dejó sus bolsos y sus documentos en la gamela (casilla) donde dormía. Cuando empezamos a indagar supimos que el día de la desaparición habían cobrado 800 pesos, como para calmar un descontento general, porque les iban a pagar la mitad de lo prometido y ya venían planteando una huelga. Existen conexiones entre Agrocosecha, la jueza, el fiscal y la policía como para pensar que fue asesinado por este reclamo y luego actuó toda una red de encubrimiento”, informa Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia Solano. La jueza se inhibió en el caso y tiene pedido de juicio político (ver aparte).

Los principales encubridores, comenta Heredia, fueron los dos capataces y reclutadores, empleados de Agrocosecha. “Esa empresa no se sostenía por el cinco por ciento de la comisión que cobran por llevar a los peones, sino por los dos tercios que se quedan del sueldo de los trabajadores”, asegura. Para el encubrimiento hizo falta plantar varios testigos falsos, dice este abogado. “Algunos se quebraron y admitieron que fueron presionados, aportamos en estos meses casi 200 testimonios, algunos son de identidad reservada y debieron irse a vivir a otra parte por seguridad”, dice Leandro Aparicio, el otro abogado de Gualberto.

La violencia ejercida por la policía provincial, especialmente por el BORA, fue relatada a los familiares de Daniel Solano por un ex trabajador de Agrocosecha, también salteño. En enero de 2011, este hombre junto a otros jornaleros insatisfechos con la paga y los tratos recibidos decidió cortar con el contrato laboral y pedir que le liquiden los días trabajados. Luego de una puja con los capataces y los empresarios, logró su cometido. Lo dejaron último en la fila para cobrar y cuando llegó, según relató, cinco policías lo golpearon brutalmente, luego de darle 300 pesos por trabajar diez días.

Con este antecedente inmediato y en condiciones de informalidad y sin recibir aportes sociales, el viernes 4 de noviembre pasado, Solano y otros peones dejaron los campos de manzana en Lamarque para ir a cobrar parte de su sueldo. Se los vio tomando cerveza en distintos bares con dos compañeros de trabajo y, más tarde, en las primeras horas del sábado, tomaron un taxi para ir hasta la vecina localidad de Choele Choel, a una discoteca llamada Macuba. Adentro coincidieron con otros trece jornaleros y siguieron bebiendo cerveza.

A las 3.30, dos de los tres policías que hacían adicionales en Macuba echaron por la fuerza y de manera violenta a Solano, según ellos porque se propasó con una clienta. Lo mismo dijeron el DJ, el presentador y el dueño del boliche. Los compañeros de trabajo del joven aseguraron no recordar lo ocurrido y, tiempo después, con menos presiones y ningún interés de por medio, una testigo negó que existiera dicho acoso, sólo un empujón involuntario que no ameritaba la acción de los adicionales y menos llamar a un patrullero con tres agentes, como ocurrió luego.

¿Por qué ningún compañero intentó ayudarlo? La razón, apunta Aparicio, tiene que ver con el contrato que firmaron para trabajar. “La cláusula 18 del contrato con Agrocosecha dice que si un trabajador tiene un conflicto con la policía o la Justicia, sean o no culpables, los echan y no tienen derecho a percibir ni los días trabajados ni la indemnización por despido ni mucho menos el pasaje para volver; por eso la golpiza era para hacer funcionar esa cláusula y meterlos preso a él y a otro compañero que también era un líder natural de la huelga que se venía”, afirma este abogado.

Justamente este compañero de Daniel, comenta Aparicio, fue golpeado, amenazado y despedido el mismo sábado. “Y vuelve a su lugar por plata que le mandan desde Salta. Luego tratan de sindicarlo como el asesino de Daniel”, agrega. Que la denuncia por averiguación haya sido radicada por la empresa en la comisaría 17 de Lamarque y no en la octava de Choele Choel, según afirma el otro abogado, Heredia, se debe a que en la primera había agentes que trabajaban como matones de la empresa. En la segunda, concluye Heredia, “es probable que lo hayan matado y luego desaparecido”.