Si la policía hubiese interpuesto un cordón entre la patota y los tercerizados, Mariano estaría vivo, dicen las querellas. Eso convierte a la pasividad policial en un factor necesario para que ocurriera el crimen, sostienen. Había noventa efectivos en el lugar, pero no resguardaron a los manifestantes, como quedó en evidencia en la imputación del fiscal Fernando Fiszer. Otros indicios hacen suponer algo más que la falta de acción policial: algunos utilizaron teléfonos POC (que impiden registrar el contenido de las llamadas), no dieron intervención inmediata a la Justicia; interrumpieron su filmación al comenzar los disparos; hay testimonios de que cuando los tercerizados intentaron acercarse a la patota la policía los frenó, pero a los atacantes los dejaron ir, sin formar un cerco perimetral. Desde la Dirección General de Operaciones (DGO), que impartía instrucciones a la distancia, la orden fue no meterse, replegarse. “No sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escucha en la radio policial.

Los jefes del operativo que serán juzgados son los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. En la sala de situación estaban el comisario mayor Hugo Lompizano (quien luego fue jefe de comisarías), el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, fue el que mandó a resguardar a la patota. El camarógrafo policial era David Villalba. Llegaron al juicio por abandono de persona seguido de muerte. Pero las querellas pedirán que se los considere partícipes del homicidio.