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El asesinato de Mariano Ferreyra ocurrió el 20 de octubre de 2010. En el ataque quedaron heridos de bala Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. José Pedraza y Juan Carlos Fernández, a quienes unía una amistad, sabían de la protesta desde el día anterior. El propio Pedraza explicó que lo había hablado con el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y le dijo una frase que no lo ayuda en el expediente: “Mis muchachos no se van a meter”. La afirmación, que asumía conocimiento y capacidad de control de la situación, fue resaltada por la jueza López al procesarlo.

Aquel día, Pedraza y Fernández estuvieron desde la mañana en la sede de la UF, en Independencia 2880, en un congreso llamado “Latin Rieles”. El análisis del celular de Fernández volverá a ser una prueba fundamental de su seguimiento de lo que pasaba en las vías del Roca, ya que desde las 7.46 de la mañana se contactó por lo menos seis veces con el delegado Pablo Díaz, a cargo de la patota en el lugar de los hechos. Una comunicación entre Fernández y Díaz se produce a las 13.23, horario que coincide con el relato de un testigo clave –el ferroviario Alejandro Benítez–, que lo escucha ordenar “saquen los fierros” tras hablar por handy. Al instante le disparan a Mariano. El patrón de comunicaciones entre Fernández y Díaz se había producido un mes y medio antes, en otra protesta de tercerizados en Constitución, donde asistió la misma patota. Un dato adicional fue el hallazgo en el escritorio de Fernández de los papeles que pedían la contratación de Favale.

Será importante la declaración de Karina Benemérito, estrecha colaboradora de Pedraza, quien lo vio junto a Fernández casi toda la mañana. La acusación sostiene que ambos daban directivas desde la UF. Aun cuando se separaron siguieron en contacto telefónico. Horas después, Pedraza llamó a su estudio jurídico de confianza, como quien anticipa problemas legales. Su defensa luego fue asumida por el abogado Carlos Fromet, quien fogonea en sus visitas al gremio la postulación de Pedraza a la reelección, aunque esté preso, porque especula que podría mejorar su situación judicial. La votación será entre este mes y el que viene. Entre sus íntimos, el abogado se muestra pesimista por el juicio. Consultado por este diario, comentó que no cree que haya pruebas directas y que no decidió si declarará o mantendrá silencio.

Según la acusación que lo llevó a juicio, Pedraza tenía una motivación para “aleccionar” a los tercerizados, verbo que introdujo una de las abogadas de la querella de los heridos, María del Carmen Verdú (de la Correpi), luego fue recogido por la Sala I de la Cámara del Crimen y se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para las defensas. ¿Por qué aleccionarlos? Por empezar, eran un potencial grupo de oposición capaz de disputar el reinado de Pedraza, construido desde que asumió al frente del gremio en 1994, y basado en su administración de cuáles trabajadores pueden ingresar a empresas del sector y cuáles no. La condición de trabajador tercerizado impide la afiliación. La preocupación por ese tema aparece clara en escuchas telefónicas posteriores al asesinato de Ferreyra en las que negocia el ingreso de tercerizados con funcionarios del Gobierno (ingresaron más de 1500 tras el asesinato) y otras donde sus allegados hablan de distintas formas de castigo a esos trabajadores precarizados.

El dominio político le permitía a Pedraza sostener sus ganancias empresariales. En el Belgrano Cargas, su esposa Graciela Coria integra el directorio y el vicepresidente es el contador del gremio, Angel Stafforini. En el campo de las tercerizadas, la investigación judicial mostró su “incidencia decisiva” al menos en la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, instalada en un inmueble de su esposa y dirigida por cuadros de la UF. Tenía 200 trabajadores, algunos presentes en la protesta en Barracas, y era la tercerizada más subsidiada. Según el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (que representa a la familia de Mariano), “Pedraza y sus allegados, en connivencia con la Ugofe, obtenían una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los tercerizados”. Por ese posible desvío de fondos hay una causa penal.