El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió al Consejo de la Magistratura que inicie el proceso de remoción del camarista Eduardo Riggi y “determine su responsabilidad funcional” en un intento de soborno para obtener la libertad de los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra. La maniobra, que fue descubierta por la jueza Wilma López mientras investigaba el asesinato del militante del Partido Obrero, buscaba que la Cámara integrada por Riggi revocara el procesamiento de siete imputados –entre ferroviarios y barrabravas– así como impedir que la pesquisa llegara al entonces titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

Según surge de las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza, Pedraza mantuvo comunicaciones con el abogado Octavio Aráoz de Lamadrid, con el ex agente de Inteligencia Juan José Riquelme y con el vicepresidente del Belgrano Cargas y contador de la UF, Angel Sta-fforini, para concretar la coima por la cual la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal quedaría a cargo del caso. Stafforini se encargaría de entregar 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid que, junto con Riquelme, coordinaría la operación para que la Sala, integrada por Ri-ggi, revocara los procesamientos. A su vez, el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar se ocuparía de digitar la designación de la Sala III. Con esta información, la Justicia ordenó allanar el estudio de Aráoz de Lamadrid y secuestró un sobre con los 50 mil dólares.

El lunes pasado, el juez Luis Rodríguez procesó por el intento de soborno a Pedraza, al abogado Aráoz de Lamadrid, a Riquelme y a Stafforini. En cambio, desvinculó al camarista Eduardo Ri-ggi. Ayer, el CELS advirtió que “en las comunicaciones intervenidas por la jueza López aparecen conversaciones absolutamente impropias para un juez y que dan la pauta de sus vínculos con operadores de la Justicia Federal, expertos en hacer valer sus relaciones para obtener beneficios. Estos intercambios lo relacionan directamente con la investigación penal del intento de soborno, pero también con conductas que pueden ser consideradas ‘mal desempeño’ en sus funciones. De las escuchas telefónicas surgen, entre otras circunstancias, menciones a ciertos ‘presentes’ que Pedraza realizó a jueces del tribunal o una relación mediada por Riquelme para la obtención de una casa para su hijo”, recordó el organismo de derechos humanos. Para el CELS, el juez Riggi “debe dar explicaciones por todos estos hechos”.