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El ministro de Educación de la Ciudad asistió a la Legislatura local para discutir el proyecto de Presupuesto del año 2013. Ante varias preguntas de los legisladores, indicó que algunos datos presentados en el documento “no eran exactos”, que debían corregirlos y así lo harían antes de que se vote el Presupuesto. La Constitución de la Ciudad establece que el Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto antes del 30 de septiembre, pero veinticinco días después el ministro dio aviso de que parte de los datos no estaban bien indicados y los cambiarían. Así, el Ejecutivo pone trabas a un debate público valioso sobre el Presupuesto y oscurece información a la que la ciudadanía debe poder acceder.

Entre los datos que el ministro dijo que eran erróneos se encuentran, por ejemplo, las cifras relacionadas con los salarios docentes: el incremento interanual señalado para la Dirección General de Educación de Gestión Estatal es de un 17 por ciento, inferior al 24 por ciento estipulado para la de Gestión Privada. Lo mismo sucedió con lo presupuestado para el programa Educación del Adulto y del Adolescente, para el que aparece proyectado un recorte del 16 por ciento, unos 26 millones de pesos, aunque se prevé un incremento de 5784 alumnos matriculados. En casos así, no sólo dijo que eran erróneos: no presentó los “correctos” y, así, impidió un análisis específico sobre el destino de los fondos propuesto por el Ejecutivo.

Además, no es la primera vez que sucede: en la discusión del año pasado, el proyecto de Presupuesto para 2012 preveía para educación especial unos 188 millones de pesos, lo que significaba una disminución de un 40 por ciento respecto del año anterior. En esa ocasión, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia llamamos la atención sobre el recorte y también lo hicieron algunos legisladores. Ante esto, el ministro de Educación indicó que ese número previsto estaba “mal cargado” y que el Presupuesto iba a “crecer proporcionalmente”; aduciendo ese “error” evitó discutir sobre la aparente disminución. A pesar de sus palabras, en enero de este año el Ejecutivo decretó que los fondos destinados a educación especial serían exactamente los 188 millones contenidos en el proyecto original.

El control legislativo y de la ciudadanía en general de los actos de gobierno requiere transparencia sobre el uso de los fondos públicos. Estas prácticas, en cambio, entorpecen la discusión pública sobre la distribución y la ejecución del Presupuesto y dificultan la evaluación del accionar del Ejecutivo local.

* Miembros del programa Igualdad Educativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)