Sin respiro, el kirchnerismo consiguió ayer por la mañana, en un breve plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, el dictamen favorable para el proyecto que regula el per saltum, cuya media sanción fue aprobada por el Senado el miércoles a la tarde. El instrumento que habilita la intervención de la Corte Suprema, salteando instancias judiciales previas en casos de “notoria gravedad institucional” –según el texto del proyecto–, llegará al recinto de la Cámara baja el miércoles 14 de noviembre, donde se transformaría en ley. Los legisladores radicales se retiraron del plenario en queja por “el tratamiento express” de la iniciativa.

La cita del plenario era para las diez de la mañana y todavía flotaba en el ambiente el malhumor que había dejado la disputa entre oficialistas y opositores en la medianoche del miércoles, cuando toda la oposición dejó el recinto de la Cámara de Diputados tras los términos con que el diputado kirchnerista Andrés “Cuervo” Larroque replicó las críticas opositoras al proyecto del voto a partir de los 16 años, que el oficialismo y sus aliados convirtieron en ley esa misma noche.

En ese contexto transcurrió el plenario. Mientras el kirchnerismo esperaba reunir en la media hora de espera un ajustado quórum para comenzar el plenario, los radicales Mario Negri y Juan Pedro Tunessi se acercaron hasta la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, para que no los contabilizara para lograr quórum. La respuesta no se hizo esperar: “Si están en la sala, los voy a contabilizar”. Los diputados prefirieron entonces esperar fuera del salón del anexo de la Cámara baja.

Cumplida la espera y con el número suficiente de diputados, Conti abrió el plenario y, sin opositores en la sala, comenzó a hacer circular el dictamen para la firma de los legisladores oficialistas, que esta vez tampoco contarán con el respaldo del riojano Jorge Yoma.

Sorprendidos, los legisladores opositores soltaron su queja. Tunessi repudió el “tratamiento irregular” del proyecto en una reunión “citada entre gallos y medianoche”, y sin poder “tomar el mínimo conocimiento (del proyecto), ni haber tenido tiempo de leerlo y considerarlo”. “Es una actitud hipócrita” del oficialismo, que “no tiene nada que ver con la democracia y el respeto de las minorías”, sentenció y, junto al jefe de su bancada, Ricardo Gil Lavedra, encabezó el éxodo radical del plenario, en medio de los aplausos de sus propios asesores legislativos y sus colegas opositores, que sin embargo no los acompañaron.

“Resalto la aptitud democrática de los diputados (opositores) que se quedaron frente a los que se fueron”, sostuvo el oficialista Luis Cigogna. Del otro lado de la fila de asientos lo escuchaban Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro y Carlos Carranza (Frente Peronista); Pablo Tonelli y Cornelia Schmidt Liermann (PRO), Alicia Terrada (CC), Patricia Bullrich (UpT) y Carlos Favario (DP).

De todas maneras dejaron sentados sus cuestionamientos. “Es una falta de respeto con quienes tenemos una vocación de legislar”, soltó el demoprogresista Favario, quien afirmó que el tratamiento “express” de los proyectos “está deteriorando la imagen y el prestigio del Congreso”. “No estoy sorprendido. Son reglas del juego y de la mayoría”, se diferenció Ferrari. “Bancamos la nimiedad de los dichos de Larroque. Como dirigentes lo aceptamos. Insulten al Congreso, pero no a la democracia”, lanzó Bullrich. El macrista Tonelli advirtió que reglamentar el per saltum implica “ampliar exageradamente” la competencia del Alto Tribunal. Liliana Parada (UP-FAP) reclamó sin suerte que se realizara una audiencia pública: “Hubiese sido bueno convocar a especialistas, a jueces e incluso a los propios jueces de la Corte Suprema”, se quejó.

La iniciativa llegará al recinto el miércoles 14 y no la semana próxima, cuando varios diputados del oficialismo y la oposición serán veedores de las elecciones presidenciales estadounidenses. “Al regular este recurso, el proyecto no impone nada a nadie y menos a la Corte Suprema de Justicia”, aseveró luego el oficialista chubutense Mario País, y remarcó que esta herramienta “mejora la calidad institucional, la Justicia y va en dirección de la seguridad jurídica”.

El oficialismo considera que el Gobierno podría recurrir a este instrumento si el Grupo Clarín vuelve a conseguir que la Justicia detenga la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, frenada desde hace tres años por una medida cautelar interpuesta por el multimedio.