La Corte Suprema resolvió por unanimidad no hacer lugar a un pedido para prolongar la medida cautelar que exime al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión y le ordenó al juez de primera instancia del fuero civil y comercial que está a cargo de la causa, Horacio Alfonso, que dicte de “inmediato” la sentencia definitiva. Así, ese magistrado tendrá que definir si es constitucional (o no) el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –que puso un plazo de un año a las empresas de medios para desinvertir– y podría hacerlo también sobre el artículo 45 –que fijó límites a la concentración de licencias–. Aunque la Corte ordenó habilitar incluso los días y horas que sean necesarios(lo que incluye fines de semana, feriados y vacaciones) es difícil que haya una definición antes del 7 de diciembre, el plazo de vencimiento de la cautelar que beneficia al multimedios y que habían establecido los propios jueces supremos.

El primer párrafo del fallo es taxativo cuando recuerda que ya en mayo, al fijar el célebre 7D, el tribunal dijo que las medidas cautelares no se pueden extender hasta el infinito porque pueden convertirse en sentencias anticipadas. “Se debe dictar una sentencia de fondo y no cautelar”, afirmó ayer la Corte. “La falta de un pronunciamiento final (...) dentro de un plazo razonable implica una clara denegación de justicia, derecho que asiste a todos los ciudadanos por igual”, subrayó. En el caso Clarín, una medida cautelar mantiene a la empresa al margen de la exigencia de acatar el límite de licencias desde diciembre de 2009, dictada por el juez ya jubilado Edmundo Carbone, que luego fue sostenida y perpetuada por la Sala I de la Cámara del fuero. La Corte planteó ayer que no se pueden seguir dando cautelares, aunque Clarín lo pida, y que debe haber una decisión sobre la constitucionalidad de las normas que cuestiona.

En la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial está pendiente un pedido del multimedio para extender la cautelar. La falta de definición de ese tribunal se debió a que quedó con una sola jueza, María Susana Najurieta. Francisco de las Carreras fue recusado y renunció el subrogante (jubilado) Martín Farrell. El primero fue acusado por el Gobierno de viajar a una cumbre sobre libertad de expresión en Miami con gastos supuestamente pagos por Clarín. El segundo quedó implicado en el sorteo dudoso del juez de primera instancia para ley de medios. Como todos los demás camaristas están recusados o excusados, tampoco podían resolver la recusación de De las Carreras. Ante este escenario, el Grupo Clarín se presentó ante la Corte y pidió directamente ahí la extensión de la cautelar y denunció, a la vez, encontrarse en un estado de “indefensión y de privación de justicia”, atribuida a las denuncias del Gobierno contra los jueces. También cuestionaba que, como subrogantes, fueran nombrados miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en remplazo de los del fuero Civil y Comercial, donde era manifiesta la influencia de Ricardo Recondo.

La Corte resolvió en base a esa presentación, pero no hizo lugar a prolongar la medida favorable a la empresa. Integrantes del tribunal explicaron a este diario que, aunque el texto no fue explícito, debe interpretarse como un rechazo de plano al reclamo de Clarín, ya que no habilita la discusión que sus abogados habían planteado en una suerte de intento de per saltum de hecho. El fallo les encomienda tareas urgentes al juez de primera instancia y a las cámaras en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo. Al juez Alfonso le indica “el inmediato dictado de la sentencia definitiva” y le dice que para lograrlo debe restringir los planteos de las partes que puedan entorpecer la causa. Lo habilita para sancionar conductas “obstruccionistas”. Hasta ahora, según había trascendido, Alfonso pensaba esperar que la Cámara le devolviera la causa tras resolver la extensión de la cautelar. A ese tribunal, la Corte le indicó algo tan simple como que saque fotocopias de los seis cuerpos del trámite y se las envíe a Alfonso así puede trabajar. No hace falta, aclaran, que espere nada.

La inmediatez de la que habla la Corte no es pasado mañana y quizá tampoco una semana, pero no deberían ser meses. Según fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca),los alegatos de las partes ya están presentados en el expediente: un trámite que podría demandar doce días está superado. Alfonso sí podría correrle vista a la fiscalía para que opine. Por lo demás, solo le falta definir si acepta a la Afsca como parte. Luego puede “llamar a autos para sentencia”, como dicen los entendidos. Esa convocatoria puede ser apelada, pero, bajo las directivas supremas, no debería. Los cálculos que manejan en la Casa Rosada y en tribunales vaticinan que es bastante difícil que haya una resolución final antes del 7 de diciembre. Falle a favor de quien falle, el contrincante apelará y podría recurrir gracias al “per saltum” directamente ante la Corte. Como sea, con el amparo de un fallo o de oficio, la Afsca ya anunció que actuará sobre las licencias excedentes.

La Corte tampoco accedió al pedido de Clarín de impedir que sean nombrados integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para subrogar en la Cámara Civil y Comercial y resolver las recusaciones y excusaciones que la tienen paralizada. Le ordenó a la primera que haga un sorteo urgente entre sus miembros. Ayer a la tarde salieron sorteados Jorge Morán, un histórico de la Cámara, antes secretario de la Corte, y Daniel Duffy, ex secretario letrado del ministro supremo Carlos Fayt. En el Gobierno, de momento, no piensan en recusaciones. Hay que ver qué hace Clarín. Junto con la jueza Najurieta tendrán que resolver la recusación de De las Carreras. Esto abre la puerta a que la Cámara se pronuncie finalmente sobre la prolongación de la cautelar de Clarín. La lógica, según la línea de la Corte, es que la rechace.

El fallo de ayer convocaba a Alfonso y a los camaristas de ambos tribunales de alzada a notificarse personalmente. Fueron en tiempo record, lo que dio lugar a reuniones con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton de Nolasco (ver aparte). Los abogados de Clarín, en la búsqueda de alguna arista a su favor en la decisión suprema, decían que les “dieron la razón” al afirmar que “si no hay fallo (de fondo) hay denegación de justicia”; en la Rosada celebraron que la Corte no accediera a extender la cautelar ni cuestionara la designación de subrogantes que estaba en marcha en el fuero contencioso.