El tercer proceso oral por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada empezó con las características de un megajuicio. La magnitud del proceso quedó plasmada en la forma que tomó la sala de audiencia de los Tribunales de Comodoro Py. Allí, 68 acusados barrieron con todas las disposiciones habituales de los espacios. Una parte, tal vez las caras más conocidas, ocupó los lugares más tradicionales dentro de los límites habituales del recinto: ahí estaban un “envejecido” Jorge “El Tigre” Acosta, como lo describió un sobreviviente; también Alfredo Astiz, que una y otra vez buscó esconderse de las cámaras detrás de la espalda de una defensora, como hizo en el juicio anterior. Entre ellos, se sentó el piloto Julio Alberto Poch, uno de los ocho acusados por los “vuelos de la muerte”. En la parte de atrás, en los confines de la sala, donde habitualmente está el espacio del “público”, quedaron los otros: el mundo de los acusados menos conocidos. Un ejército de caras vacías y cabellos blancos ocupó la mayor parte del lugar.

Dicen que entre ellos, justo en el medio, se sentó Juan Alemann, secretario de Hacienda de la dictadura y uno de los dos civiles que serán juzgados en esta tercera etapa del juicio por la ESMA. Quienes atravesaron de ida y de vuelta ese espacio, para poder salir de la sala, lo vieron reírse, convertido en una especie de celebrity. Al costado, separados por un pasillo y algunos custodios, se ubicaron sus familiares. Luego de unos veinte minutos de respetuoso silencio después del comienzo del juicio, algo pasó. Aquello que había sido imaginado por el Tribunal como un prolijo espacio de separación entre las dos partes se llenó de ruidos, comentarios y alguna risa que corrió de uno a otro lado de la sala.

Después de las 10, el juicio arrancó a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia. Arriba y en el mismo plano de los jueces, entre los abogados querellantes de los organismos de derechos humanos y el público, se sumaron sobrevivientes, familiares y funcionarios. Estaban Lila Pastoriza, Andrea Bello, Graciela Daleo, Carlos García, Martín Fresneda (secretario de Derechos Humanos), Eduardo Jozami, Nora Cortiñas, María Adela Antokoletz, los integrantes de la Iglesia de la Santa Cruz, Ana Bianco, entre muchos otros.

Lita Boitano, de Familiares, se paró en un momento en la puerta de entrada de los Tribunales, junto a la madre, la esposa y la hermana de Hernán Abriata. “Pensar que cuando hacíamos los primeros hábeas corpus –dijo–, nosotras ni siquiera decíamos nada sobre dónde militaban nuestros hijos.”

En ese clima, Carlos Loza, uno de los sobrevivientes, abrió un cuaderno donde escribió algo sobre un documental de los fusilados del franquismo: “Que nuestro nombre no se borre de la historia”, decía el cuaderno, y él mismo, pensando en cómo serán los testimonios que empezarán a escucharse a lo largo del juicio. Juliana Abriata, la hermana de Hernán, estaba allí: “Es difícil decir algo sobre este momento. Se ven los resultados de tantos años de trabajo, de tantos compañeros que dedicaron su vida para que llegáramos hasta acá, y esto costó mucho, pero mucho”.

En la sala ya se habían leído las síntesis de los cargos y lugares que ocupó en el despliegue de la ESMA cada acusado. Y ya había comenzado a escucharse lo que sucedió con cada una de las víctimas. Esa síntesis apretada que la Justicia llama “los hechos”, en este caso es una enorme lista de nombres, inabarcable, cargada de dolor. “Así como ahora estuvimos escuchando sobre las monstruosidades que les hicieron, ahora es importante decir a quiénes mataron”, dijo Juliana. “Quiénes eran, tiene que salir a flote a quiénes quisieron borrar de la Tierra.” Algo del enorme poder de esa lista de víctimas y de nombres que reúne a 789 “casos”, fechas de caídas, nombres de agrupaciones y lugares, trasladó a la sala como en un viaje en el tiempo hacia los límites del campo de concentración: “Caso 22... caso 23... caso 24...”.

Ana María Careaga, sobreviviente de otro campo, con su madre caída entre los doce de la Santa Cruz, se perturbó temprano por algo de lo “obsceno” de esa escena del juicio y ese sentirse rodeada. Escuchando uno a uno los nombres, los caídos, decía: “Cada relato sintetizado de cada uno de los ‘casos’ constituye una tragedia familiar y finalmente te das cuenta de la tragedia de este país”.

A partir de ayer empezaron a ser juzgados 68 represores por 789 víctimas y pasarán por el estrado casi 900 testigos en un desarrollo de tres jornadas semanales, en un juicio imaginado con una duración de dos años. Entre los acusados, una parte ya fue juzgada y condenada en el proceso que concluyó en octubre de 2011. Otros 41 represores, en cambio, llegan a juicio por primera vez. Sobre el total, hay unos 25 acusados con el beneficio del arresto domiciliario y tres con excarcelaciones, entre ellos Alemann. En el enorme grupo de acusados están quienes secundaron a Rubén Chamorro en la dirección de la ESMA, oficiales de Inteligencia, integrantes del grupo de tareas 3.3.2 y custodios de los secuestrados. También hay un grupo que cumplió funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, donde algunos secuestrados hicieron trabajo esclavo. Uno de ellos es Roberto Pérez Froio, capitán de navío (RE), ex titular de Prensa y Difusión del ministerio, que estuvo a cargo de la custodia de los detenidos. Otros son Eugenio Bautista Villordo, capitán de navío de Infantería, destinado luego al Centro Piloto de París, y Hugo Enrique Damario, alias Jirafa, capitán de navío retirado. Otro grupo juzgado por primera vez son pilotos de la marina y Prefectura que formaron parte de los vuelos de la muerte. Entre ellos están Emir Sisul Hess, Mario Miguel Arru, Julio Poch, Enrique José Saint Georges y Rubén Ricardo Ormelo, uno de los mecánicos aeronáuticos. “Se encuentra probado –leyó el secretario del Tribunal– que estos vuelos eran realizados por pilotos, pero que también llevaban tripulación compuesta por todas aquellas personas que prestaban la colaboración necesaria para llevar a cabo la tarea como médicos y auxiliares, encargados de manipular a las personas adormecidas y lanzarlas al vacío.”

Entre las víctimas, la síntesis de “casos” trajo a la sala algunos nombres. Entre los primeros nombres se oyeron los del grupo que se conoce como “los catequistas del Bajo Flores”, entre los que estuvo la hija de Emilio Mignone, Mónica María Candelaria, secuestrada el 14 de mayo de 1976 y desaparecida. También Orlando Yorio y Francisco Jalics, secuestrados el 23 de mayo de la casa de la comunidad jesuítica del barrio Rivadavia del Bajo Flores (fueron sometidos a tormentos y los liberaron en el mes de octubre de ese año). Aparecieron los aniquilamientos completos de algunas familias. Sergio Tarnopolsky, caído el 13 de julio de 1976; su mujer, Laura Inés del Duca; su padre, Hugo Abraham; su madre, Blanca Edith Edelberg, y su hermana Betina, de 15 años: todos desaparecidos.

En una silla, en el fondo de una sala “acoplada” al juicio, una sobreviviente escuchaba con lápiz y papel en la mano. “Estos son 789 ‘casos’ –decía–. Y es cierto que podemos hacer a través de ellos un recorrido global sobre lo que sucedió en la ESMA, pero son 789 casos de cinco mil, o sea que el agujero negro lo seguís teniendo.”

Más tarde, la lista siguió. Se oyeron los nombres de algunos periodistas. Víctor Eduardo Seib, delegado del diario La Nación, secuestrado el 30 de julio de 1976. Eduardo Suárez, periodista de gremiales de El Cronista Comercial, secuestrado el 12 de agosto de 1976; ese mismo día se llevaron a su esposa, Patricia Villa, de la agencia Interpress.

Afuera de la sala, en la calle, un escenario congregó a organizaciones políticas y organismos de derechos humanos. “Esta historia la estamos escribiendo entre todos”, se oyó en el escenario. El nuevo juicio de la ESMA era allí parte de una trayectoria más larga, que incluyó algunos de los procesos terminados: los fusilados de Trelew, Loma Negra y otros que empiezan a avanzar. La Noche del Apagón, el nombre de Pedro Blaquier y las complicidades empresarias. Y lista iba por más.