La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, conformada por tres entidades que representan a jueces, expresó su preocupación por “hechos que agreden institucionalmente” al Poder Judicial. A través de un comunicado difundido por el Centro de Información Judicial, la comisión que depende de la Corte y que reúne a la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, consideró “necesario reiterar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución nacional y es un principio fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia”.

La postura difundida ayer por la Comisión de Protección de la Independencia Judicial se inscribe en la pugna planteada en torno del Grupo Clarín y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se conoció un día después de que el Poder Ejecutivo recusara a los magistrados que integran la Cámara Civil y Comercial.

El documento de la Comisión puntualizó como “hechos que agreden a un Poder del Estado” a una serie de situaciones específicas como “la falta de cobertura de cargos de magistrados”, las “recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa”, las “campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal”, los “pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales” y los “intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados”.

Del pronunciamiento se desprende que los magistrados consideran que tales situaciones inciden sobre la independencia judicial. La declaración se ocupó, primero, de destacar la importancia de ese principio, “sustancial para el funcionamiento de la democracia” y “una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, que “forma parte de la comunidad latinoamericana de derecho, ya que es sostenido en la reunión de Cortes de las Américas, en la Cumbre Iberoamericana de Cortes, en la reunión de Cortes del Mercosur, así como por la Federación Latinoamericana de Magistrados y en casi todos los países de la región”. “Esta manifestación –precisó el texto– no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer pública lapreocupación de la magistratura como Poder del Estado por la afectación que recibe al tener que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios. Tampoco puede ser afectado el derecho de ejercer la defensa y de criticar las sentencias, ya que ello forma parte de una sociedad transparente y participativa.”

Después de plantear esas definiciones, la Comisión realizó una serie de llamamientos. Exhortó a “las autoridades competentes para que se cubran los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado”, pero también llamó al Poder Ejecutivo nacional a “cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución nacional –el que atañe a la independencia del Poder Judicial– y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”. Al resto de los poderes del Estado les requirió que “no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados”.

El siguiente apartado de la declaración fue dirigido a los “titulares de medios de comunicación públicos y privados”, a quienes convocó a “ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias”. También les solicitó “promover el debate democrático de ideas”.

En este sentido, y haciendo hincapié en la “protección constitucional de la libertad de expresión y la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522” y el carácter público de los medios oficiales, pidió que el Poder Ejecutivo nacional, la Jefatura de Gabinete y la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), “habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública”.